Por: Lilliam Maldonado Cordero
Las órdenes ejecutivas del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, dejan sin efecto la política pública que identifica ciertas áreas protegidas que estaban exentas de acciones de control migratorio conducentes a la deportación, incluyendo albergues para mujeres y niños maltratados, escuelas, iglesias, y salas de procedimiento civil y de familia en los tribunales de justicia.
Estas guías provisionales, tituladas Acciones de Control Migratorio Civil en o cerca de Tribunales, permiten que agentes u oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) puedan realizar acciones migratorias de tener información que los conduzca a creer que un extranjero o grupo de estos están o estarán presentes en un lugar específico, cuando dicha acción no esté prohibida por las leyes impuestas por la jurisdicción en la que se llevarán a cabo. De más está señalar que estas políticas precarizan aún más a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, incluyendo niños.
En nuestro caso, habiéndose disparado las tasas de violencia de género e intrafamiliar y los feminicidios, estas directrices son mucho más alarmantes. Las organizaciones para la defensa de las víctimas de violencia ya dan cuenta de la reducción en el número de mujeres con estatus migratorio irregular que prefieren permanecer a merced del abuso por parte de su pareja y no buscar ayuda por miedo a ser deportadas. Así mismo, se espera que la desprotección de estas víctimas recrudezca a raíz de los recortes anunciados por el gobierno federal en fondos federales destinados a proveer ayuda a las comunidades empobrecidas, muchas de las cuales acogen a hermanas inmigrantes.
La política de espacios protegidos fue instaurada en 2011, aplicando inicialmente a las escuelas, los hospitales y las iglesias. Bajo la presidencia de Joe Biden, estas fueron ampliadas para ofrecer ayuda en eventos de desastres y emergencias, excepto ante actos de terrorismo y otras amenazas a la vida y seguridad. Su propósito era contar con los espacios necesarios para proveer cuidados médicos a los inmigrantes con estatus irregular sin temor a ser deportados.
Con las nuevas políticas de inmigración, las mujeres sobrevivientes de violencia de género y las víctimas de tráfico humano, se sienten obligadas, por miedo, a permanecer en el entorno de abuso y violencia por miedo a ser intervenidas, arrestadas y deportadas si buscan refugio para ellas y sus hijos.
Otra vía para profundizar esta crisis es la imposición del principio o regla de Carga Pública (Rule of Public Charge). Esta directriz permitiría negar visa a un inmigrante si se considera que podría convertirse en una carga al gobierno por recibir ciertos beneficios públicos o asistencia social. En el pasado, esta regla aplicaba a ciertas ayudas económicas, pero ahora podrían ampliarse hasta afectar programas de asistencia nutricional, como el PAN o SNAP, que proveen acceso a alimentos a los pobres, especialmente viejos, mujeres y niños. También, podrían afectarse programas de vivienda, como el Plan 8.
Esta coyuntura se presta como escenario para que las víctimas de violencia eviten buscar ayuda y protección ante las autoridades y los tribunales. Para ellas, no tener acceso a alimentos y vivienda son la diferencia entre poder huir del maltrato o estar obligadas a permanecer en él.
La clase política y la justicia, las organizaciones de base de fe y de defensa de derechos civiles, tenemos el deber de unir nuestras voces y acciones para proteger los derechos de estas hermanas y sus hijos, y asegurarles acogida.
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