• Editorial Semana

Por un Sistema de Justicia independiente


Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda


Aunque no soy abogado y mucho menos constitucionalista, considero contradictorio y contraproducente el desbalance de fuerzas entre las tres ramas del sistema republicano de gobierno en que vivimos como son el ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres pilares de la democracia constituyen los “pesos y contrapesos” de los gobiernos republicanos para evitar cualquier intento de control absoluto. Sin embargo, el aparato judicial de Puerto Rico, entiéndase Secretario de Justicia, Jueces y Fiscales, son nombrados a imagen y semejanza del ejecutivo y, aunque sus nombramientos requieren el consejo y consentimiento del Senado, no es menos cierto que todos ellos dependen de la total confianza del ejecutivo de turno. De modo que, salvo honrosas excepciones, la experiencia nos dice que la tendencia de estos funcionarios es alinearse, como “sastres jurídicos”, con la política pública y el discurso ideológico del gobernante. Es decir, nadie en su sano juicio puede negar que en muchas instancias ideológicas estos funcionarios cierran fila con el esquema programático del ejecutivo.


Por supuesto, ese comportamiento jurídico lo hemos vivido en carne propia, particularmente contra el independentismo puertorriqueño, no solo desde la época de José Trías Monge, “sastre jurídico” del gobernador Luis Muñoz Marín, sino también desde que EEUU plantó bandera en Puerto Rico mediante la Ley Foraker de 1900 y la Ley Jones de 1917. Desde entonces, muchos funcionarios de Justicia han sido destituidos, trasladados, degradados e incluso, mancillados, por el simple pecado de responder a sus propios dictámenes jurídicos y a su propia independencia de criterios. La actual crisis institucional del Departamento de Justicia provocada por la destitución fulminante de la Secretaria, Lic. Denise Longo Quiñones, es prueba fehaciente del desbalance entre las tres ramas de gobierno. unque la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, alega que se trató de un asunto de confianza, fuentes de entero crédito aseguran hubo serias discrepancias, intervenciones, imputaciones, referidos e intentos de encubrimiento de parte de la gobernadora para descarrilar las funciones ministeriales de la destituida secretaria. Evidentemente, ello confirma inequívocamente la vulnerabilidad de la rama judicial bajo el actual régimen de nombramientos constitucionales.


Este desbalance de poderes constituye definitivamente una ‘contraproducente contradicción institucional’ que requiere ser reformulada mediante reformas o enmiendas constitucionales. Varios países y ciudades de vanguardiaen el mundo ya han tomado cartas sobre el asunto mediante mecanismos de consenso y participación democrática para balancear los pesos y contrapesos del sistema republicano de gobierno. Puerto Rico cuenta con un excelente Colegio de Abogad@s cuya dinámica, intelecto y compromiso con el pueblo de Puerto Rico puede servir de instrumento para la solución de lo que a nuestro juicio constituye un desbalance de fuerzas entre las tres ramas republicanas de gobierno.


Ahora le corresponde a los puertorriqueños colocarnos a la altura de los tiempos.

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