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Presentan legislación para cumplir con la transición a 100% de energía renovable

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Los dos proyectos de ley de administración, enviados por la gobernadora Jenniffer González Colón a la Legislatura, encaminan la renovación del sistema de energía de la isla.
Los dos proyectos de ley de administración, enviados por la gobernadora Jenniffer González Colón a la Legislatura, encaminan la renovación del sistema de energía de la isla.

Redacción Editorial Semana


La gobernadora Jenniffer González Colón envío la Legislatura, dos proyectos de ley de administración que encaminan la renovación del sistema de energía de la isla.


Estas dos medidas son parte de las recomendaciones que le hizo el Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico.


La primera fue descrita como una solución realista al plan de trabajo para alcanzar la meta final de que la generación energética en la isla sea una 100% de fuentes renovables para el 2050. La propuesta elimina las metas con fechas intermedias que no se van a poder cumplir a cabalidad pero que aumentan vertiginosamente el costo al consumidor de la electricidad en estos momentos. También se mueve la fecha de la prohibición de la quema de carbón, lo que daría en espacio para sustituir dicha generación antes perder esa fuente de energía.


Estás enmiendas permitirían reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y la utilización de fuentes de energía más limpias— como lo es el gas natural licuado— que ahora mismo quedan descartadas por tener que cumplir con las metas intermedias. De este modo se garantiza la estabilidad del Sistema Eléctrico y la suficiente generación para cubrir la demanda a un costo razonable para el consumidor.


La segunda medida presentada por la gobernadora busca enmendar el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y Alivio Energético” para aumentar las multas que puede imponer El Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.


El fin es darle al Negociado de Energía de Puerto Rico mayor autoridad fiscalizadora sobre sus regulados, empoderando esa entidad a imponer sanciones verdaderamente punitivas. Además, se faculta al Negociado a ordenar la incautación de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer para asegurar el cobro de dicha penalidad.

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