• Editorial Semana

Propuesta urgente para la reconstrucción


Por: Jesús Santa Rodríguez


En marzo de 2017, el ahora exgobernador Ricardo Rosselló celebraba el primer Plan Fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal suscribió entonces, y que planteaba un serie de imposiciones con el fin de usarse de base para el diseño de presupuestos balanceados que en realidad terminaron por extender la recesión del País. El festejo fue como si el pueblo completo se hubiera pegado en la lotería, cuando en realidad se propuso aumentar y retasar los impuestos sobre la propiedad, la Universidad de Puerto Rico recibiría un golpe letal por la vía de una reducción de fondos de $450 millones, y se reducirían las pensiones de nuestros retirados y de los Fondos de Equiparación destinados a nuestros municipios.


Tras cuatro presupuestos que fracasaron en ser balanceados como requiere la Ley Promesa, los asuntos fiscales y económicos del País se estancaron, complicando el manejo de las crisis que encaramos y recrudeciendo el éxodo masivo de puertorriqueños. La permanencia de la Junta se extendió, así como su control sobre los asuntos que conciernen a nuestro gobierno y la legislatura por mandato constitucional.


Reconociendo la importancia de que el próximo presupuesto del País se ajuste a proyecciones de ingresos realistas y cumpla con las garantías necesarias para proteger y proveer los servicios esenciales que merece la ciudadanía, la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes propuso una serie de enmiendas al Plan Fiscal, documento que hasta ahora ha fracasado en establecer proyecciones precisas y ajustadas a la realidad socioeconómica del País. Estas enmiendas no solo resultarían en ahorros al fisco, sino que darían mayor eficiencia en la provisión de servicios dirigidos a la ciudadanía, facilitando la reparación de vías y su mantenimiento, igual que la reparación de las escuelas desde la cercanía de los gobiernos municipales, reduciendo el costo y tiempo de la burocracia. Veamos.


Específicamente, la propuesta de la Cámara plantea que fondos ascendentes a $922 millones que ya están asignados por el Plan fiscal para la administración del manejo de escuelas, el programa de construcción de carreteras, la construcción y operación de parques nacionales y el programa de infraestructura física, sean redistribuidos a los municipios. Esta transacción resultaría en ahorros por concepto del pago de $166 millones destinados a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y otros $44 millones de recorte a imposiciones destinadas al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. En otras palabras, el gobierno central no solo se ahorraría $210 millones, de acoger esta propuesta, sino que los servicios llegarían de manera más rápida y eficiente donde verdaderamente se necesita: más cerca de los ciudadanos, desde nuestros municipios.


El gobierno está obligado a presentar cinco presupuestos balanceados de manera que podamos quitarnos de encima el yugo de la Junta de Supervisión Fiscal. Para ello, la Asamblea Legislativa, el gobierno y la Junta necesitan sumar la buena fe y la voluntad, analizar el Plan Fiscal y realizar las enmiendas recomendadas que fueron remitidas al gobernador Pedro Pierluisi. Es hora de identificar e implantar medidas realistas basadas en proyecciones objetivas y acertadas, que reconozcan los servicios esenciales, gastos e inversión necesarios para responder a la realidad social y económica de nuestra gente. El punto de partida es un presupuesto basado en un Plan Fiscal funcional que sea la base para la reconstrucción, no solo de las finanzas públicas, sino de nuestro atribulado País.

Suscríbete a nuestro boletín

© Editorial Semana, Inc.

Calle Cristóbal Colón Esquina Ponce de León #21 Caguas, PR, 00725

icono.png