Por: Jesús Santa Rodríguez
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes llevó a cabo en días recientes una vista pública para evaluar la propuesta presupuestaria del Departamento de Educación (DE). La dependencia estuvo representada por su secretaria, Yanira I. Raíces Vega, y otras funcionarias de este departamento.
El DE es la dependencia pública responsable de manejar el presupuesto más alto del gobierno y la más grande en tamaño y cantidad de empleados. De acuerdo con su titular, la petición de presupuesto para el año fiscal 2024-2025 asciende a $3,041,510,000. A estos $3,000 millones del Fondo General, podrían sumarse otros $2,246,474,000 en fondos federales recomendados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, lo que aumentaría la cuantía presupuestaria de Educación a sobre $5,200 millones.
Sabemos que el DE se halla nuevamente bajo el crisol público a raíz del hallazgo de una elevada cantidad de empleados de confianza contratados por este gobierno. Entre estos se hallan figuras conocidas en la política, familiares de actuales funcionarios electos, aspirantes a puestos electivos y otros, todos relacionados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Pedro Pierluisi. Ha trascendido que la cantidad total de pagos por prestaciones de empleados de confianza en el gobierno alcanza los $100 millones.
En el pasado, secretarios del DE bajo gobiernos del PNP han sido encausados y acusados por delitos relacionados con corrupción, entre ellos Víctor Fajardo y Julia Kelleher. Se sabe que el DE se mantiene bajo un monitoreo federal como resultado de señalamientos en el uso de estos fondos, que trajo como consecuencia la detención del acceso a la utilización de las asignaciones federales, con un impacto en todos los servicios.
En contraste con el continuo incremento en el presupuesto que amasa el DE, el cambio en matrícula ha ido en picada desde hace varios años. Específicamente, en 2017-2018 hubo 346,096. Mientras, para el año 2023-2024 fueron 240,910, una reducción de cien mil estudiantes en cinco años con una tasa de graduación menor del 75 por ciento. Entretanto, la proyección para 2027-2028 es de escasamente 202,467 estudiantes.
El proceso de evaluación del desempeño también levanta cuestionamientos sobre el propósito de las baterías de las pruebas administradas a los estudiantes del sistema y la necesidad de optimizar los instrumentos de medición de resultados. Desde hace años se conoce el bajo desempeño de los estudiantes sin que se utilicen estos resultados para identificar deficiencias en los planes de trabajo, enmendarlos y mejorar el apresto de los niños y jóvenes en el sistema de educación pública.
La educación de calidad es un deber constitucional de nuestro país para garantizar el acceso a instrucción gratuita dirigida a desarrollar las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos, independientes, respetuosos de las leyes y del entorno, y con la capacidad de contribuir al bienestar común. El DE tiene el deber invertir en nuestros niños y jóvenes -no en contratistas ni empleados de confianza del partido de turno- para que alcancen sus aspiraciones y ayuden a construir el país al que aspiramos.
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