Por: Jennifer González-Colón
Me complace unirme nuevamente a mi colega, el representante Eric Swalwell (D-CA), para presentar un proyecto de ley bipartita para ayudar las comunidades a prepararse, responder y recuperarse mejor de los desastres naturales.
La Ley de Prevención de Nuestro Próximo Desastre Natural (H.R. 3655) haría varios cambios en el programa de subsidios de mitigación previa al desastre de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) al aumentar los fondos, asegurando que las comunidades que más lo necesitan (aquellas con alto riesgo de peligro y las llamadas comunidades de justicia ambiental) recibir acceso a este financiamiento y mejorar la recopilación de datos para rastrear y administrar mejor los recursos antes y después de los desastres naturales.
El impacto del huracán Fiona el año pasado, así como de Irma y María en el 2017, nos muestra que las situaciones de desastres naturales no son una cuestión de si, sino de cuándo, y la implementación de medidas de mitigación antes de que vuelva a ocurrir es esencial para proteger vidas y propiedades en nuestras comunidades.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de The Union of Concerned Scientists, Habitat for Humanity, The League of Conservation Voters, The Natural Resources Defense Council y The National Wildlife Federation.
La Ley de Prevención de Nuestro Próximo Desastre Natural busca:
Aumentar la reserva de FEMA para la asistencia de mitigación previa al desastre del 6 % al 15 %, proporcionar una reserva del 2% para la asistencia para el desarrollo de capacidades y requerir que FEMA priorice a los solicitantes con el mayor riesgo de peligro en coordinación con el Índice Nacional de Riesgos de FEMA, las comunidades de justicia ambiental y las comunidades de bajos ingresos.
Asimismo crear un nuevo programa de asistencia de alcance comunitario para aumentar la cantidad de solicitantes exitosos de subvenciones de comunidades con alto riesgo de peligro, comunidades de justicia ambiental y comunidades de bajos ingresos; alentar a FEMA a incorporar el cambio climático en el Índice Nacional de Riesgo y su análisis de costo-beneficio, así como a garantizar que los fondos de la subvención se utilicen para apoyar proyectos que están diseñados para resistir futuras inundaciones. Además busca:
Requerir que FEMA, dentro de tres años, establezca una base de datos federal central, en coordinación con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Agencia de Protección Ambiental (EPA), Administración de Pequeños Negocios (SBA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), para consolidar los datos recopilados por todas las agencias locales, estatales y federales involucradas en la respuesta a desastres.
Requerir que FEMA recopile y publique datos demográficos sobre el impacto de los desastres naturales y los esfuerzos federales de recuperación para asignar y rastrear mejor los recursos y analizar los gastos del desastre para ver qué se podría haber ahorrado con una mejor mitigación previa al desastre.