Qué hay detrás de la deuda de la AEE
Por: Jesús Santa Rodríguez
La Comisión de Hacienda de la Cámara de la Representantes inició esta semana un proceso de vistas públicas para conocer el detalle de cada una de las emisiones de deuda aprobadas por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre los años 2010 y 2016. Al momento, las negociaciones para reestructurar dicha deuda se encuentran en pausa indefinida, tanto por el gobierno como por la Asamblea Legislativa, por el incremento que este pago podría tener en el costo del servicio de energía eléctrica a sus consumidores y por los serios cuestionamientos relacionados con la legalidad de algunas de estas emisiones.
El propósito de estas interpelaciones es conocer cuál fue el propósito de dichos desembolsos, ascendentes a más de $4,400 millones en deuda, cantidad que en solo seis años -entre 2010 y 2016- duplicó la deuda de la AEE a $8,300 millones. También, se busca conocer si este dinero fue destinado a los propósitos solicitados y en qué fueron finalmente invertidos.
Durante las ponencias asociadas con este proceso de investigación, representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) revelaron parte de los hallazgos de una investigación independiente presentados por Kobre & Kim, LLP, sobre los factores que influyeron en la crisis fiscal del Gobierno y asuntos relacionados con la emisión de deuda pública.
Entre los hallazgos que se citan como precipitantes de esta crisis se incluyen motivaciones de naturaleza político partidista, y los ingresos crónicamente insuficientes para cubrir costos operacionales y mejoras de capital, a pesar de las altas tarifas facturadas, resultando en una dependencia por las transferencias a corto plazo del Banco Gubernamental de Fomento, que terminarían siendo pagadas con fondos de nuevas emisiones de deuda. Otros factores también fueron el exceso de posiciones de empleados de confianza; cambio constante de personal; costo excesivo de los beneficios de los empleados -que eran mucho más altos al resto de los empleados del gobierno y la empresa privada-, y falta de continuidad en inversión en infraestructura. En efecto, de los $4,430 millones de emisiones, solo se invirtieron $1,310 millones en mejora capital, dejando en precario la infraestructura eléctrica del País.
Otras causas citadas para esta quiebra son la falta de voluntad política para aumentar la tarifa fija; la dependencia del petróleo en lugar de recurrir a energías más baratas, como gas natural; el robo de energía -que provoca pérdidas anuales estimadas en $30 millones; y subsidios concedidos como balón político que resultan en 20% de energía producida no facturada.
Investigar la crisis fiscal de la AEE y su quiebra antes de reestructurar su deuda será el punto de mira de la Cámara de Representantes durante esta investigación. Nuestro deber es no dar paso a un incremento en el servicio eléctrico a un pueblo ya abatido por niveles históricos de aumento en el costo de vida, sin antes investigar las actuaciones detrás de estas emisiones de deuda, y garantizar las salvaguardas necesarias para negociar solo aquellas acreencias legítimas.