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Reacciones ante declaración estado de emergencia por violencia de género


Por: Félix Tomás Miguel Aponte

EDITORIAL SEMANA


La declaración de estado de emergencia por violencia de género, que hizo recientemente el gobernador Pedro Pierluisi “es una victoria para las mujeres y para el país”, según las diversas reacciones que este asunto ha generado tanto en Caguas como en el resto de Puerto Rico.


Entre otras, el Club Zonta de Caguas, señaló, a través de su presidenta, Maritza Torres, que “este es un gran paso de avance para el empoderamiento y protección de todas las mujeres. El gobierno finalmente ha escuchado el reclamo de la sociedad civil. Esperamos que con las iniciativas incluidas en la Declaración de Estado de Emergencia todo el aparato gubernamental trabaje de manera robusta, inclusiva y expedita para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones.”


La presidenta del Comité de Política Pública del club, Nina Valedón, destacó que la Declaración de Estado de Emergencia “contiene instrucciones claras para que cada agencia de gobierno haga pronunciamientos sobre violencia de género y establezca una partida en el presupuesto para cumplir con la misma, se promueve que las agencias entiendan como desde cada dependencia de gobierno se perpetúan patrones de inequidad hacia la mujer y puedan ejercer un rol proactivo para corregir la situación”.


La organización comunitaria Proyecto Matria emitió una declaración en la que, “el gobierno reconoce que la violencia hacia las mujeres tiene sus propias causas y es diferente a otras violencias. Acepta que hay que educar con perspectiva de género para erradicar las desigualdades y el discrimen que producen la violencia hacia nosotras, establece medidas para prevenir y atender este grave problema”.


De otro lado, la vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González, hizo un llamado a servidores públicos, oficiales electos e interesados en el tema, a unir esfuerzos. “Los puertorriqueños hemos celebrado grandes logros cuando trabajamos juntos. Tenemos que repetir eso en la lucha contra la violencia de género”, sostuvo.


Como parte de la orden ejecutiva, decretada el domingo 24 de enero, el gobernador Pedro R. Pierluisi promulga establecer, mejorar y ejecutar programas para proteger, prevenir y orientar contra la violencia de género y establecer programas para apoyar a víctimas. Designa un Oficial de Cumplimiento para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear su implementación.

Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), como parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), con 17 miembros, aumentando a tres la representación de organizaciones dadas a proveer servicios y luchar contra violencia de género. Este Comité lo presidirá la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz.


También dispone crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para protegerla de su agresor. Cada agencia coordinará con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para identificar recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles y adicionales. Igualmente, optimizar procesos para compilar estadísticas confiables sobre incidencias, evaluar recomendaciones para implantar el Plan Alerta Rosa y mejorar la atención a víctimas por divisiones especializadas del Departamento de Justicia.


Además, faculta al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) crear y ampliar programas para integrar mujeres a la fuerza laboral. Procura la colaboración de clínicas de asistencia legal en escuelas de Derecho de Puerto Rico para ayudar a víctimas. Se instruye diseñar y diseminar campañas mediáticas efectivas, en alianza con la empresa privada. El Comité deberá publicar un primer informe de progreso a 45 días de la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden, hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición.


La OPM recibirá $654 mil para contratar investigadores, servicios psicológicos, trabajadores sociales, abogados, estadísticos, y campañas educativas. La agencia dirigida por Lersy Boria Vizcarrondo podrá reclutar empleados, implementar campañas para prevenir y erradicar el problema, adquirir equipos tecnológicos y contratar servicios profesionales para validar leyes que protegen a mujeres, en particular las vinculadas al hostigamiento sexual. También, establecer protocolos sobre violencia doméstica, incluyendo el lugar de empleo.

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