Por: Jenniffer González-Colón
El pasado viernes me reuní al Simposio Construyendo una Comunidad en Bienestar y Salud Mental, iniciativa del Hospital General Castañer, para impulsar la discusión sobre la salud mental en las comunidades rurales. Allí discutí el panorama de programas federales que apoyoy de los cuales se benefician entidades locales por medio de subvenciones, así como legislación federal para ampliar o mejorar los servicios para las distintas poblaciones.
Lograr la igualdad en los programas de salud ha sido una de mis prioridades en el servicio público, tanto en la Legislatura de Puerto Rico como ahora desde el Congreso. Esto es así porque, aun con los avances logrados a través de los años y particularmente en el pasado mes con la histórica aprobación de los fondos Medicaid, el trato que nuestra gente recibe en área de salud es donde se hace más evidente la inequidad a la que Puerto Rico está sujeta por no ser un estado.
Siempre he respaldado asignaciones de fondos federales para Puerto Rico. Para el año fiscal federal 2022, se asignaron $161 millones por medio de Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés); $15 millones para personal y servicios en hospitales psiquiátricos bajo la ley ARPA, entre otros fondos como los $22 million en mayo 2022 de parte de FEMA para ASSMCA para llevar a cabo actividades de en comunidades, escuelas, parques y centros comunitarios de recuperación en todo Puerto Rico.
En el llamado “minubus” de septiembre 2018, se consiguieron $3,000,000 para atender servicios para la salud mental de los menores en Puerto Rico, provenientes del ¨National Child Traumatic Stress Initiative¨, iniciativa que impulséluego del huracán María.
Las recientes crisis que hemos vivido con los impactos de los huracanes, los terremotos, y la pandemia del COVID-19 han traumatizado a nuestro pueblo. Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado al mundo entero, para nosotros en Puerto Rico fue un trauma más con el que lidiar, sin haber podido procesar adecuadamente los traumas que vivimos comenzando en el 2017 cuando nos azotaron los huracanes Irma y María.
Aunque la necesidad de un mejor acceso a servicios de salud mental no es particular de Puerto Rico, sí los recientes desastres naturales repuntaron la demanda de atención y servicios, por eso impulso legislación y que se extiendan a la isla los beneficios de medidas que trabajo desde el Congreso.
En este nuevo Congreso 118, estaré presentando nuevamente el Mental Health Stigma in the Military Act, para mejorar los programas de prevención de suicidios en el servicio militar y mitigar el estigma relacionado con el cuidado de la salud mental, así como medidas para mayores recursos para abordar la depresión materna y ampliar su alcance para incluir trastornos de salud mental y uso de sustancias. A nivel local he defendido la construcción del Centro del Programa Domiciliario y Psicosocial para Pacientes Ambulatorios del Departamento de Veteranos (VA) en Hato Rey, primer centro local con atención a veteranos para salud mental, entre otros servicios que no se dan en la isla.