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La representante por el distrito 29 de Cidra y Cayey, Gretchen Marie Hau, señaló que ante la discusión del presupuesto del próximo año fiscal, que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes por disposición constitucional, “hay que enmendar el mismo para defender a los municipios, porque están llevando la carga de muchas funciones y servicios a la ciudadanía que le corresponde al gobierno central”.
Hau presentó como ejemplo el grave estado de las carreteras en amplias zonas de los municipios de Cidra y Cayey, así como el estado de las escuelas públicas en dicho distrito. “Aunque es de gran satisfacción y alegría haber asistido a algunas de las graduaciones en las escuelas del distrito, lo relativo a planta física, materiales y equipos, deja mucho que desear. Ambos municipios hacen lo que pueden con el poco presupuesto disponible, porque la mayoría se queda en la burocracia de San Juan. La pasada semana se presentó un plan de descentralización y lo acogemos con cautelosa esperanza y fiscalización responsable”.
Otro de los temas que más necesidad hay en los 22 barrios de Cayey y los 14 de Cidra, es la situación del acceso constante y confiable de agua potable. “Son dos municipios de la montaña, donde la ciudadanía que vive en las zonas más altas tienen problemas de suministro. Eso sí, las facturas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) llegan sin fallar. Así debiera ser el servicio, sin fallar”, añadió la representante, quien señaló que la comunicación con la presidenta ejecutiva de la corporación pública es buena. “La ingeniera Pagán Crespo conoce de las situaciones y nos hemos reunido para discutir los distintos temas. Naturalmente eso hay que llevarlo a la acción. No podemos estar en pleno siglo XXI con comunidades sin agua potable de manera constante”.
La también exdirectora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, expuso que la creación del fondo que garantice los servicios esenciales en los municipios debe funcionar como un mecanismo que fiancie las labores que hacen los municipios ante la ineficiencia de algunas agencias estatales. “Naturalmente, lo que vayamos a hacer debe cumplir con la ley Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), que prácticamente dice que todo lo que haga la junta y el gobierno tiene que garantizar servicios esenciales”.
La abogada señaló que como parte del proceso, presentará un análisis de vulnerabilidad económica y social de Cidra y Cayey, que puede servir de ejemplo para los demás municipios de Puerto Rico. “Lo que estamos buscando es que la gente reciba los servicios, que la burocracia gubernamental sea más flexible y menos costosa”, finalizó.