Por: Editorial Semana, Inc.
Gran revuelo causó la noticia del arresto de una pareja cagüeña el martes 11 de enero por negarse a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva contra el COVID-19 nueve días antes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, atrincherarse en un auto en la urbanización José Mercado en Caguas, y lograr su libertad bajo fianza al día siguiente. Dicha acción se produjo luego de que el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontrara causa para arresto en ausencia.
El matrimonio, compuesto por Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, y Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, enfrenta un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal. Dicho artículo tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios o empleados públicos el ejercicio de la autoridad de las obligaciones de su cargo.
Particularmente, la pareja se negó a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requerida mediante la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. El Departamento de Salud refirió el caso al Departamento de Justicia. Se supo, posteriormente, que el matrimonio dio positivo al virus.
Asimismo, el Departamento de la Familia asumió la custodia de los hijos de la pareja atrincherada el pasado martes por no entregarse a las autoridades luego de presentar los mencionados cargos menos graves por no cumplir con la declaración de viajero. La agencia aseguró que tanto el menor de 15 años como sus hermanos de 18 y 20 años fueron evaluados a un centro hospitalario, según dicta el protocolo. Se determinó que se encuentran bien de salud y se les ubicó con un recurso familiar.
Igual revuelo causó un vídeo en vivo que Figueroa Córdova publicó desde su vehículo, en su red social de Facebook, en el cual tronó contra el Departamento de Salud por, según sus palabras, “coartarle la libertad a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de esta tierra de Puerto Rico”. Al mismo tiempo, calificó en ese visual como “una mentira” lo expresado por el secretario de Salud, Carlos Mellado, de que fue citada.
Por otro lado, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR) y el Overseas Press Club (OPC) expresaron su repudio a las alegadas agresiones físicas y verbales por parte de manifestantes contra fotoperiodistas y reporteros el martes en la noche, mientras ejercían sus labores en la cobertura de los hechos.
En la ocasión, cuatro fotoperiodistas, tres reporteros y un productor de noticias presuntamente fueron agredidos verbal y físicamente e imposibilitados de realizar su trabajo cuando hasta el lugar llegó una veintena de manifestantes en apoyo a la ciudadana. Los comunicadores se encontraban en el perímetro establecido por la Policía mientras, según se alega, los manifestantes lanzaban insultos en ánimo de intimidarlos. Algunos, según los gremios periodísticos, causaron daños a la propiedad, atentaron contra la seguridad física, la salud y la labor periodística amparada en nuestra Constitución.
“Es inaceptable este tipo de agresiones, no importa de quién vengan. La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero no puede justificar el intento de coartar otros derechos como la libertad de prensa. Lo que allí ocurrió fue un ataque directo a los periodistas que pudo ser observado en vivo a través de las imágenes en televisión. La agresión verbal y física a nuestros compañeros es un acto reprochable”, expresó el presidente de la AFPR, Josian Bruno.