• Editorial Semana

Súper Pacs y campañas en redes 2020: las mil y una formas de burlar la fiscalización


Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo


Las restricciones adoptadas por plataformas como Facebook e Instagram para la compra de anuncios políticos en sus redes sociales en busca de mayor transparencia durante este ciclo electoral se quedan cortas ante la proliferación de cuentas creadas en las redes sociales por grupos que buscan hacer campaña o atacar a un candidato sin que se conozca quiénes las manejan o de dónde sale el dinero que las financia.


Algunos de estos grupos han pagado anuncios en las redes, televisión y vallas publicitarias sin estar registrados en la Oficina del Contralor Electoral por ser Súper Comités de Acción Política (Súper Pacs) inscritos en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Al igual que otros que sí están registrados en Puerto Rico, pueden gastar grandes sumas de dinero, sin límite.


Un Súper Pac de reciente creación en Puerto Rico recibió dos transferencias de 250,000 dólares de dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas registradas el mismo día con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.


Con apenas unos cientos de seguidores, esta página administrada desde Virginia ha gastado hasta 10,496 dólares en publicidad en Facebook e Instagram para promocionar vídeos contra la gobernadora (Wanda Vázquez) con el potencial de alcanzar a millones de personas, de acuerdo con la información que publica Facebook.


Salvemos a Puerto Rico es un Súper Comité de Acción Política que se dedica a hacer campañas independientes a favor o en contra de candidatos o partidos políticos que fue registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con sede en Virginia, por el CPA Joseph Fuentes, conocido como Joey Fuentes Fernández quien ha estado vinculado al candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. El pasado 25 de junio, este Súper Pac recibió dos donativos de 175,000 dólares y 75,000 dólares de Fundación Pro Igualdad, Inc.y Foundation For Progress, Inc., respectivamente.


Durante el pasado ciclo electoral, Fuentes Fernández registró en la FEC el Súper Pac PRP, INC. PAC. Entre sus donantes figuran Michael Pierluisi y Anthony Pierluisi, hijos del candidato. Entre el 1ro de enero y el 5 de octubre de 2016, este Súper Pac reportó 163,924 dólares en gastos. El nombre del Súper Pac coincide con las siglas de Pedro R. Pierluisi.


Con esas mismas siglas se originó el pasado 19 de mayo Salvemos a Puerto Rico. Según los documentos de la FEC, Fuentes Fernández sometió una enmienda el 27 de mayo para cambiar el nombre de PRP PAC a Salvemos a Puerto Rico.


Las dos “fundaciones” que donaron a Salvemos a Puerto Rico fueron registradas en el Departamento de Estado como corporaciones sin fines de lucro el pasado 10 de junio con apenas unos minutos de diferencia. Comparten la misma dirección postal y en ninguno de los documentos se hace constar el nombre de sus incorporadores ni quiénes componen su junta directiva. Tampoco hay una dirección física como requiere la ley.


Fuentes no contestó llamadas ni mensajes en ninguno de los dos teléfonos a los que se le llamó. Pedro Pierluisi envió una reacción escrita: “Mi campaña no tiene absolutamente nada que ver con los PACs que han mencionado”. Añadió que está enfocado en presentar una campaña “positiva y de propuestas, que es lo que ha estado publicándose tanto en las redes sociales y en mis páginas de internet, como en los medios tradicionales”.


Al pedir una reacción a Pierluisi sobre las dos “fundaciones” de las que no hay rastro y que donaron 250,000 dólares al PAC que lo apoya, solo dijo: “No tengo información alguna sobre eso”.


En entredicho la legalidad de las “fundaciones”


De acuerdo con el experto en derecho corporativo, Mariano Negrón Portillo, al momento de inscribir una corporación, tiene que consignarse la dirección postal y la física con calle, número y el municipio donde está ubicada la oficina designada de la corporación en Puerto Rico, así como el nombre del agente residente en esa oficina. También se puede usar la dirección del agente residente, pero es requerido que haya una dirección física registrada que sirva para emplazar o citar en caso de una demanda, por lo cual no se puede usar una dirección de correo postal.


“Hay una función del Departamento de Estado de examinar el documento y cerciorarse de que está conforme con la ley. Si no, no se le concede la franquicia corporativa al peticionario, entonces la corporación no sería válida. El Departamento no puede certificar que existe jurídicamente y que está en conformidad con la ley”, sostuvo Negrón Portillo.


En el récord de las entidades, hay solo dos correos electrónicos con el nombre de cada organización y dos números de teléfonos. El teléfono que aparece para Foundation For Progress, estaba a nombre de un Wendy’s en Carolina, y no funciona. Mientras que el teléfono para la Fundación Pro Igualdad, Inc. nadie lo contesta.


Por ser un Súper Pac registrado en la FEC, Salvemos a Puerto Rico no tiene que estar registrado en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) local, sino informar del gasto de campaña efectuado en Puerto Rico, según explicó al CPI el Contralor Electoral, Walter Vélez. Tampoco tienen que rendir informes a la OCE, ya que la FEC remitirá los informes que sometan ante la entidad electoral federal que reflejen gastos en Puerto Rico.


“En el caso específico de las organizaciones políticas establecidas e inscritas en otra de las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, sus Estados o Territorios, y que tengan la intención pero no el propósito principal de realizar donativos o gastos con fines electorales en Puerto Rico, tales organizaciones, deberán presentar ante el Contralor Electoral copia fidedigna de las credenciales que las acreditan como tal en la jurisdicción estatal de origen dentro del término de diez (10) días laborables, de haber realizado su primer donativo o gasto con fines electorales en Puerto Rico, o para referéndums, plebiscitos, consultas al electorado y elecciones especiales”, lee la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas.


A las empresas, negocios, bufetes y toda entidad privada, incluyendo a organizaciones y sindicatos, les cobija la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión, por lo que pueden gastar ilimitadamente durante las campañas políticas a favor o en contra de candidatos, según decidió el Tribunal Supremo de EEUU en el caso Citizens United v FEC en 2010.


Tras la decisión judicial, las corporaciones pueden participar del proceso político de dos formas: creando un comité de fondos segregados para realizar donativos de hasta 2,800 dólares directamente a los aspirantes o partidos políticos; o pueden gastar todo el dinero que quieran ilimitadamente en campañas independientes no coordinadas con los candidatos. De acuerdo con un estudio publicado en el 2015 por el Brennan Center for Justice, el principio de “no coordinación” de las campañas es una ficción.


Páginas web anónimas

Los PAC son solo un ejemplo de cómo los candidatos políticos y allegados de los comités de campaña utilizan mecanismos para influenciar las campañas electorales. Pero las plataformas sociales y las herramientas disponibles en internet para hacer campaña o atacar al adversario sin que se pueda corroborar la identidad de los autores también están de moda.


Otra novedad de esta campaña se refleja en la creación de páginas de internet que aparentan ser de noticias, pero usan información falsa o engañosa para confundir al elector incauto.


Por ejemplo, La Fortaleza Informa se presenta en internet como un nuevo periódico digital. El inicio de este sitio en la web tiene a una fotografía de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced con la “noticia” más reciente: tres párrafos que acompañan el titular “Surgen varios empleados positivos de coronavirus en La Fortaleza”. Nadie firma ninguna de las “noticias” que aunque tienen varias categorías todas están dirigidas a denunciar actuaciones de la Gobernadora y su equipo de campaña. Tampoco hay correo electrónico, dirección o teléfono contacto. Solo una pestaña en la que explican que es “un nuevo medio interactivo compuesto por reporteros comprometidos con la transparencia y la libertad de prensa”. No aparece un solo nombre en la página y su registro en internet es anónimo.


“Durante el proceso eleccionario estaremos reportando todo el acontecer noticioso e investigaremos hasta llegar a toda la verdad”, dicen los creadores.


De acuerdo a varios expertos en redes sociales y mercadeo digital, este tipo de estrategia pasa por debajo del radar sin que sea fiscalizada por la Oficina del Contralor Electoral, aunque se puedan considerar aportaciones o donativos políticos informales a un candidato.


Cambian las reglas de juego para hacer política en redes sociales


A raíz del escándalo por la interferencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses mediante la creación de cuentas falsas en las redes sociales para influir en el debate político a favor del entonces candidato a la presidencia Donald Trump, las plataformas digitales han adoptado algunas medidas para validar el contenido de anuncios políticos.


La red social Facebook, propietaria además de Instagram y WhatsApp, ha adoptado algunas restricciones para permitir la publicidad pagada de contenido político, entre ellas la identificación del candidato o comité así como los administradores encargados de comprar los anuncios.


En el caso de Twitter, Snapchat y Spotify, la controversia provocó que prohibieran la publicidad política. Por su parte, Youtube mantuvo la política de permitir anuncios; pero contrario a Facebook, ha limitado la segmentación de audiencias, lo que imposibilita a un político a personalizar el anuncio para que vaya dirigido a una audiencia en particular, explicó al CPI el estratega de mercadeo digital, Juan Carlos Pedreira.


“Cada usuario con la información que provee con su interacción en su cuenta de Facebook crea un perfil muy avanzado que permite diseñar una campaña publicitaria muy especializada ya sea por gustos, región, género, edad, entre otros. Yo puedo subir a la plataforma de Facebook exactamente las personas a quienes quiero impactar con mi campaña publicitaria a favor o en contra de un candidato. Hasta el pasado ciclo electoral, cualquier persona con una tarjeta de crédito podía pautar anuncios a favor o en contra de un candidato sin tener que identificarse lo que podía prestarse para donativos de campaña ilegales. Eso cambió”, explicó Pereira.


La respuesta de Facebook fue establecer una plataforma donde se pueden hacer búsquedas de las páginas de los políticos, su historial de anuncios, en cuál de las redes sociales se están anunciado, y al menos perfiles generales de los manejadores de la cuenta. Además, cada político u organización política que pretenda comprar anuncios de asuntos políticos tiene que registrarse requiriendo que la cuenta tenga un sitio web a su nombre, un correo electrónico atado a esa web, teléfono público y una dirección postal.


Además, Facebook también obliga a que se identifiquen las personas que manejan la cuenta con una identificación oficial, pero esta información no es pública para los usuarios. Facebook solo publica el lugar de origen de la cuenta y cuántos administradores tiene.


“Facebook te autoriza a comprar anuncios a nombre de una cuenta política enviando por correo tradicional un código para confirmar que eres la persona que maneja la cuenta y ahí te autoriza como individuo a comprar publicidad”, explicó por su parte el estratega de comunicación política, Luis S. Herrero.


Con su Biblioteca de Anuncios, Facebook ha intentado manejar el tema de la transparencia de los contenidos políticos sin resolver a fondo el problema de los contenidos y publicaciones de temas electorales que cualquier usuario, creando una cuenta, puede compartir.


“Al político de Puerto Rico se le puede hacer un poquito más difícil esconderse haciendo grupos de interés y poniendo pautas digitales, porque hay una mayor [exigencia de] transparencia. También le va a permitir al Oficina del Contralor Electoral tener una mayor visibilidad para fiscalizar la publicidad digital ya que en la Isla sigue predominando Facebook con cerca de 1.9 millones de usuarios versus 400 mil que puede tener Twitter”, aseguró Pedreira.


Cuentas falsas o anónimas en Facebook para hacer campaña política

Por ser la red social de mayor influencia y alcance en Puerto Rico, Facebook todavía es el nicho digital perfecto para crear cuentas sin que se pueda verificar a qué o a quién responden. Publican contenido para favorecer o atacar a un candidato o partido político, e incluso algunos compran anuncios con estas cuentas falsas sin pasar por el proceso de los comités oficiales de los candidatos, sostuvo Herrero.


La cuenta de Facebook Guaynabo sin Corruptos mantuvo publicidad contra Pérez hasta hace unos días, aunque dice ser un medio de comunicación. En esa misma red social también está la página Guaynabo es un Meme que se describe como un lugar de sátira, pero todo lo que publica es contra el Alcalde. La campaña contra Pérez se desarrolla en varias cuentas que comparten publicaciones similares. El tono de la campaña en esa ciudad, donde el contrincante es el hijo del ex alcalde Héctor Oneill, ha subido de tono, al punto que Pérez publicó la semana pasada que habían creado una página falsa con su nombre y la misma foto de la suya para escribir comentarios con palabras soeces.


“Facebook tiene un sistema para detectar asuntos políticos en las cuentas, ciertas imágenes y palabras, pero en realidad depende más de que la gente se queje”, indicó Herrero.


La red social, que en Puerto Rico cuenta con casi dos millones de usuarios y 2,600 millones a nivel mundial, ha dicho: “Estamos creando herramientas de aprendizaje automático y sumando el talento de más personas para que nos ayuden a encontrar a los anunciantes políticos que debieron pasar por este proceso de autorización, pero no lo hicieron. Sabemos que no podremos detectar todos los anuncios que deberían tener la etiqueta, por lo que alentamos a todos los que vean un anuncio político sin dicha etiqueta a que lo reporten. Para hacerlo, hay que tocar los tres puntos de la esquina superior derecha de un anuncio y seleccionar ‘Reportar anuncio’.


Si determinamos que un anuncio es, en efecto, de naturaleza política, lo retiraremos hasta que el anunciante complete el proceso de autorización”.

Herrero sostuvo que la estrategia de pagar anuncios en redes sin registrarse como un comité o candidato puede ser más efectiva en contiendas pequeñas como las municipales ya que cuando un usuario se queja, Facebook elimina la página. El problema está cuando no se pautan anuncios, pero se dedican a hacer campaña en contra o favor de candidatos, lo que comparó con las pasquinadas anónimas atacando a candidatos en las campañas políticas análogas.


“Es una transformación de las campañas negativas que se hacían con rotulación y pasquinaje anónimo. Ahora creas una página en una red social y puedes publicar sin filtros todo tipo de ataque sin que se sepa quién está detrás de esa cuenta”, planteó Herrero.


El profesor y especialista en redes sociales, José Hernández Falcón, dijo que el derecho constitucional a la libertad de expresión permite ese tipo de publicaciones. Dijo que aunque no es un asunto nuevo, ya que desde que internet se popularizó, en Puerto Rico ha habido sitios y cuentas de medios sociales creadas para ridiculizar personas, para parodiar personalidades y compañías. No obstante, en la arena política, es necesaria una mayor fiscalización, destacó.


“No está siendo fiscalizado como se debe hacer y mucho menos se busca quién está detrás de esas cuentas. Antes se hacía en parodias o con marionetas, ahora es a través de una cuenta de Twitter o en Facebook”, dijo Hernández Falcón.


En junio, Mark Zuckerberg anunció que Facebook habilitará un mecanismo para que los usuarios puedan desactivar anuncios políticos tanto en esa red social como en Instagram. “Si yo no quiero ver anuncios políticos fácilmente con un ‘click’ debo poder invisibilizarlo”, indicó Hernández Falcón.


“Nos estamos enfrentando a una realidad, por los adelantos tecnológicos, en la que se pueden crear no solo noticias falsas sino contenido, manipulando audios incluso, que puede provocar que los ciudadanos caigan en la manipulación de la desinformación”, alertó Pedreira.

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