Por: Jesús Santa Rodríguez
La Cámara de Representantes aprobó una medida que autoriza al gobierno a desembolsar a decenas de miles de contribuyentes puertorriqueños un incentivo reintegrable. Este estímulo, que podría alcanzar unos $1,500 por contribuyente, busca paliar el aumento por ajuste de inflación. Este incentivo es resultado de la fracasada negociación iniciada por la Legislatura con la Junta de Control Fiscal para que diera paso a un proyecto abarcador que promoviera alivios contributivos amplios para nuestras familias trabajadoras.
La Junta rechazó esta propuesta aduciendo que violaba las disposiciones de la ley PROMESA. A pesar de esta determinación, que a nuestro juicio no tiene méritos y constituye una intromisión de la Junta en asuntos que no están cobijados por la referida Ley, el resultado neto es que se dio espacio para esta asignación que asciende a $250 millones de dólares. Este dinero será distribuido desde un mínimo reintegrable de $200 por contribuyente basándose en la economía que percibiría el contribuyente de haberse aprobado la reforma contributiva. Quienes cualifiquen solo tendrán que presentar su planilla de contribución sobre ingresos para la evaluación del Departamento de Hacienda con el fin de establecer la responsabilidad contributiva correspondiente, y los que tengan derecho al incentivo reintegrable comenzarán a recibirlo a partir del 15 de abril.
Es importante insistir en que, para nutrir el dinamismo económico mediante el impulso de la economía formal y la retención del segmento productivo de nuestro componente social, es necesaria una reforma contributiva abarcadora. Dentro de nuestro marco jurídico presente, se requiere continuar negociando con la Junta de Control que, si no se simplifica el sistema contributivo, un mayor dinamismo económico para Puerto Rico es inviable. Por otra parte, proponerle a los empresarios, comerciantes y profesionales del País equiparar los salarios locales con los de Estados Unidos, como ha hecho esta semana el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, sin que se establezca un sistema contributivo que redunde en beneficios para los sectores productivos del país en nuestro escenario actual, es igual a la pretensión de sacarle manteca a un ladrillo.
Para atraer talento al país y retener el que tenemos requiere, más que palabras, de un enfoque científico y pragmático conducente al necesario y merecido incremento en los salarios de nuestros trabajadores. Poner la pesada responsabilidad de desarrollar y fortalecer la economía no puede seguir siendo colocada sobre los hombros de los empresarios y comerciantes. Es facultad y deber del gobierno, comenzando por el DDEC, identificar programas para incentivar la inversión. También, es necesario revolucionar el sistema contributivo para hacerlo más sencillo y que no constituya un castigo para los sectores que producen y sostienen las operaciones del aparato público y del país.
Desarrollar un plan para impulsar la economía, atraer y retener inversión y talento, y fortalecer a Puerto Rico como hogar y destino de muchos no es deber de los sectores productivos. Es responsabilidad del Gobierno y sus actores principales incitar la inversión y crear empleos, y por un tiempo más, también de la Junta de Control Fiscal. Un incentivo reintegrable es loable, pero no es un tratamiento a largo plazo para atender los requerimientos de una economía sostenible.
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