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Se canalizan inquietudes sobre sistema Body Worn Cam en Policía Municipal de Caguas


Por: Félix Tomás Miguel Aponte

Especial para Editorial Semana


El establecimiento del sistema Body Worn Camera o Body Cams en la Policía Municipal de Caguas ha despertado en la ciudadanía interrogantes si el reglamento “aunque no está mal, podría considerar y tener otros asuntos relacionados a los derechos civiles que se han implementado en diferentes partes del mundo”.


El coordinador general de la organización comunitaria Urbe-A-Pie, Zeuz Omar Ayala González, y Diego Alcalá, del colectivo “La Seguridad es Nuestra”; en conjunto con Kilómetro Cero y profesionales de la ley y el orden, canalizaron sus inquietudes sobre este sistema a través de un “Forozoom” que llevaron a cabo el viernes 11 de septiembre de 2020 a través de la plataforma digital Zoom. En este foro, los participantes exploraron diversas formas de mejorar el mencionado reglamento para proteger y cuidar los derechos civiles de todos y todas.


Alcalá explicó que la Body Worn Camera consiste en cáaras colocadas en el cuerpo del agente del orden público, ya sea en el pecho o en la cabeza (debajo del casco). Dijo que la misma es capaz de tomar vídeos, audios y fotografías en tiempo real, se transmiten a un servidor y el mismo las contrasta para comprobarlas. El material se revisa antes de completar el informe.


Subrayó que el deber del (o la) oficial es intervenir, pero también notificar lo que está grabando; la víctima tiene que consentir o puede cambiar de opinión. “Si no graba, tiene que notificar por escrito por qué no está grabando”, insistió. Igualmente mencionó, como ventajas de este mecanismo, “mejorar la seguridad del o la oficial, capturar crímenes en proceso o perpetrados y mantener evidencia, intervención en progreso y documentar la querella”.


Destacó que su uso se popularizó en 1998, pero en 2013 se publicó un informe que determinó reducción de querellas o el uso de fuerza entre un 50% y un 90% en un pueblo de California. Asimismo, indicó que un estudio realizado en 2019 concluyó que no se han reflejado cambios de conducta en la Policía y la ciudadanía.


Por otro lado, Alcalá enfatizó las recomendaciones de la ACLU y la National Association Criminal Defense: políticas claras sobre el derecho a grabar y lo que se tiene que grabar, almacenaje por tiempo definido (se prolonga cuando hay uso de fuerza, arresto u objeto de querella por la ciudadanía), Policía no debe acceder a vídeos antes de producir sus informes; no grabar de forma escondida ni actividades constitucionalmente protegidas y prohibir el uso de la tecnología como reconocimiento facial o para crear bases de datos o compartir para esos fines. Además, limitar su uso en hospitales, escuelas, iglesias u otros lugares, destruir el pietaje luego de un período y proveer adiestramiento continuo a policías, abogados, fiscales y jueces sobre la instalación de este dispositivo, entre otras.


Mientras tanto, enumeró las condiciones en las que no se puede grabar: hospitales, en función jurídica, en período de descanso, conversaciones privadas, informantes y confidentes y evaluación médica o psicológica. “El derecho a la intimidad garantiza la libertad del indviduo”, recalcó.


De otro lado, el comisionado de la Policía Municipal de Caguas, Eliezer Colón, amplió que la propuesta de este cuerpo es que quien almacena la información sea una persona externa que trabaja día a día con el equipo, manejando las cámaras. Entretanto, William Ramírez, otro participante en el foro, expresó su preocupación “ante el modo que la información recopilada en el Body Cam puede pasar por otros canales”. No obstante, Ramírez vio el establecimiento de esta tecnología como “un win-win” (enfoque “ganar ganar”, donde todas las partes se benefician).


Otras personas que participaron en este “Forozoom” incluyen María Mari, Ricardo Martín, Luz Lebrón y Miluska Martínez Sarson, quienes también expresaron sus puntos de vida sobre el uso de aditamento en la Policía Municipal de Caguas.

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