Por: Jesús Santa Rodríguez
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes ha iniciado la evaluación del presupuesto general para el año fiscal que inicia el 1 de julio, representando el cuarto balanceado desde que entró en vigor la Ley Promesa. Este proceso incluirá una agenda legislativa cargada para recibir en vistas públicas, a partir del 5 de marzo, a los principales funcionarios responsables del manejo de las finanzas del país y las distintas dependencias del Gobierno. Nuestro enfoque será: salud, seguridad, educación, y mantener un marco de competitividad que atraiga la inversión mediante la optimización de la infraestructura.
Sabemos que la salud es un tema de gran preocupación para los puertorriqueños. Cada día son más los hospitales declarándose en quiebra o funcionando en condiciones mínimas para sostener sus operaciones. Al tiempo, hay menos médicos para atender las necesidades de salud de la gente, pues las garantías para mantener una práctica solvente en Puerto Rico son más limitadas, optando muchos, especialmente los más jóvenes, por abandonar el país. Esto ha creado una crisis de salud pública que urge atender.
La seguridad ciudadana, el esclarecimiento de los crímenes y las convicciones también ocuparán gran parte del plan de trabajo en la asignación de fondos públicos, particularmente a qué programas serán destinados como prioridad por parte del Negociado de Seguridad Pública, Policía, Departamento de Justicia y Judicatura. El dinero proveniente de los impuestos que pagan las familias trabajadoras tiene que destinarse a aumentar las tasas de esclarecimiento de delitos y la convicción de sus perpetradores. Los asesinatos a tiro limpio en las calles, la violencia contra las mujeres, el maltrato de niños, y la nueva ola de abusos y homicidios contra nuestros adultos mayores tienen que enfrentarse con eficacia y responsabilidad.
La educación también continúa siendo otro talón de Aquiles para el gobierno. Puerto Rico es la jurisdicción que más dinero invierte en cada niño participante del sistema de instrucción pública y donde peores resultados se observan en las pruebas de aptitud, y esta ecuación solo puede ser resultado de la falta de supervisión y medición de resultados. Es inexcusable y hasta bochornoso que nuestras escuelas, que cuentan con un presupuesto combinado de fondos federales y locales ascendentes a $5,600, se encuentren en el estado de deterioro que hemos observado presencialmente y por redes sociales.
Para sostener un gobierno funcional y eficiente es necesario mantener las infraestructuras viales, de agua y electricidad en perfecto estado. Por ello, se atenderán minuciosamente las propuestas presupuestarias del Departamento de Transportación y la Autoridad de Carreteras, al tiempo en que se requerirá del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio la manera en que se invertirá el dinero público para hacer de Puerto Rico un destino más competitivo y atraer capital de inversión, incluyendo el local.
Nuestro compromiso desde la Cámara de Representantes es presentar un presupuesto que otorgue al Ejecutivo las herramientas para cumplir con su deber ministerial, sin excusas. Necesitamos garantizar mayor seguridad pública, educación, acceso a servicios de salud de calidad y bienestar para todos, desde nuestros niños y familias jóvenes hasta nuestra población de la tercera edad.
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