• Editorial Semana

Sin motivación de gobernar bien


Por: Jesús Santa Rodríguez


Desde la entrada en vigor del Estado Libre Asociado en 1952, todos los gobernadores habían cumplido su rol constitucional de enviar un presupuesto a la Asamblea Legislativa. La gobernadora Wanda Vázquez es la primera en incumplirlo, y peor aún, plagió el presupuesto que presentó la Junta de Control Fiscal semanas antes.


En efecto, la gobernadora presentó un presupuesto el 18 de junio de 2020, fuera de los tiempos constitucionales, para que fuera evaluado y aprobado en menos de siete días por la Asamblea Legislativa, algo imposible para una legislatura que se ve obligada a realizar vistas públicas y evaluar los gastos futuros de forma adecuada. Ese presupuesto era 99.99% igual al que presentó la Junta, diferenciándose solo en seis partidas de miles que contiene el documento.


La presentación de un presupuesto tardío evidenció dos problemas de actitud en la administración del Partido Nuevo Progresista. En primer lugar, la incapacidad intelectual y técnica para cumplir con sus responsabilidades, así como el desprecio total por nuestra Constitución y por la Casa de las Leyes. Una persona que no respete la Ley Orgánica y demás cuerpos constitucionales no puede ocupar el cargo de gobernador.


Lo que ha mantenido con vida a este gobierno, que ofrece todos los signos de agotamiento posibles, es que la Junta haya presentado un presupuesto -el más alto de la década-, para que la gobernadora no tuviese que aplicar políticas de austeridad en año electoral. Todavía no conocemos de un gobierno o jurisdicción que haya ganado elecciones aplicando políticas de recorte a la inversión social. Las acciones de la Junta demostraron su disposición de dar oxígeno político al gobierno penepé, pues sus miembros saben que las propuestas y formas de este gobierno ver el País son muy similares. De ahí la similitud en las visiones de ejecutar política pública en los presupuestos presentados por ambos.


En resumen, no haber presentado un presupuesto en tiempos constitucionales, en el año 2020, es otra prueba del fracaso del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Un gobernador que fue expulsado por el pueblo, otro gobernador que usurpó el cargo y que acabó con que el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo retirara del poder por unanimidad, y una gobernadora que no es capaz de presentar un presupuesto, son solo los elementos generales que demuestran que la administración de turno no vino a gobernar, sino a robar y saquear las finanzas públicas para satisfacer a los amigos que les financian las campañas políticas.


Podemos concluir que la motivación detrás de las actuaciones de la gobernadora de no presentar su presupuesto es que necesitaba tiempo para evaluar dónde y como podía acomodar los números que le permitieran distribuir partidas de gastos infladas entre todos aquellos que estén dispuestos a poner dinero para promover su candidatura y ser electa por primera vez.


Los treinta y ocho millones para pruebas que no usaron, la privatización sospechosa y poco transparente de la Autoridad de Energía Eléctrica y la adquisición de un vehículo de lujo por parte del esposo de la gobernadora como quid pro quo para beneficiar entidades privadas son algunos ejemplos de en qué la gobernadora ocupa su tiempo, que es público. No invirtieron un minuto para presentar un presupuesto, porque no vinieron a gobernar.

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