Sociedad Asistencia Legal PR establece Programa Asistencia Procesos Salud Mental
Redacción Editorial Semana
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La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), reconociendo el problema del incremento cada vez mayor de personas procesadas en los tribunales referidas a tratamiento compulsorio de salud mental o sometidas a ingreso involuntario, comienza el nuevo Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental (PALPSM). Este es parte de una propuesta bajo el “American Rescue Plan Act (A.R.P.A.)” de 2021 y el primero de asistencia legal al amparo de la “Ley de Salud Mental” (Ley 408-2000) con personal de apoyo que abarca todo Puerto Rico.
El objetivo es atender y ofrecer el acceso a la población de salud mental a servicios integrados legales donde participan profesionales especializados. El programa no sólo cuenta con representación legal para salvaguardar los derechos de los y las participantes y ofrecer seguimiento a los casos, sino también cuenta con un componente educativo para orientar y buscar soluciones a sus necesidades. La SAL, a través del PALPSM, llega a suplir la necesidad existente en el País.
Los servicios se ofrecerán en nueve de las 13 oficinas regionales. Se dividirán de la siguiente manera: Aibonito, Bayamón, Caguas, Carolina, San Juan; las restantes cuatro oficinas serán en Arecibo (sirviendo a la región de Utuado), Fajardo (sirviendo a la región de Humacao), Mayagüez (sirviendo a la región de Aguadilla) y Ponce (dando servicio a la región de Guayama). Cada oficina del PALPSM tendrá un abogado o abogada, un trabajador o trabajadora social, y un personal auxiliar administrativo.
Anualmente en Puerto Rico sobrepasan 5,000 casos presentados bajo la Ley 408. En el año fiscal 2020-21 fueron más de 5,700 casos y más de 7,100 vistas judiciales en las que la SAL ha representado a participantes en procesos de salud mental. Estas cifras han ido en aumento en los últimos dos años.
Por su parte, el director ejecutivo de la SAL, Lcdo. Félix Vélez-Alejandro, afirmó que “este programa abre un espacio para brindar representación legal a personas vulnerables sometidas a ingreso involuntario o de tratamiento compulsorio. Vela para que en estos procesos se cumpla con las garantías procesales y el mejor bienestar del participante”.