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Un deber legislativo




Por: Jesús Santa Rodríguez


El presupuesto propuesto por la Asamblea Legislativa para el año fiscal 2024-2025 asciende a $13,062 millones, siendo el más alto de nuestra historia. Existe controversia sobre si este, junto con los tres presupuestos anteriores, cumple con lo estatuido en la Ley PROMESA para iniciar el proceso de la salida de la Junta de Control Fiscal del escenario político y público del país. La actual Asamblea Legislativa puede acreditar que cumplió con este deber legislativo, a diferencia de la legislatura del cuatrienio pasado dominada por el gobierno del Partido Nuevo Progresista, que renunció a su deber ministerial de estudiar, evaluar y votar por el presupuesto del país para entregarlo a los designios de la Junta.


Este año, por cuarto año consecutivo, la Cámara de Representantes representada mayoritariamente por el Partido Popular Democrático, no solo se empeñó en lograr la aprobación de un presupuesto balanceado dentro del marco del Plan Fiscal establecido por la Junta. También, gracias a la tenacidad y el empeño de negociación de quienes tuvimos el deber de defender ajustes y enmiendas puntuales, se alcanzaron consensos importantes ante el ente federal para garantizar que el presupuesto no solo cumpliera con la obligación jurídica del pago de la deuda sino, más importante aún, que atendiera las necesidades para la educación, la salud, el cuidado de los adultos mayores y otros gastos destinados a la inversión social.


Aparte de la aprobación de sobre tres mil millones de dólares para el Departamento de Educación, también se logró un incentivo especial para la contratación de coordinadores para expandir el plan piloto para los Coordinadores de Educación Especial, así como tener las provisiones presupuestarias para proveer transportación a esta población estudiantil. Asimismo, se hicieron las provisiones necesarias para la reparación de distintas áreas de cientos de escuelas a través de la isla, entre otras asignaciones dirigidas a ampliar las propuestas educativas para nuestros niños y jóvenes estudiantes.


Para la Universidad de Puerto Rico, cuya estabilidad fiscal al comienzo de la quiebra del gobierno estaba amenazada a raíz de reducciones presupuestarias importantes, se aprobaron fondos por $500 millones. Este año fiscal específicamente se han identificado y asignado partidas superiores a los $120 millones a ser destinados a operaciones, inversión en infraestructura, la construcción y rehabilitación de la Torre Norte y el Centro Comprensivo de Cáncer.


Reconociendo que nuestro país ha visto cambiar el perfil de su población, con un aumento significativo en su segmento de personas de mayor edad, el presupuesto de este año fiscal ha redirigido asignaciones para enfocarlas en ellos. El énfasis en la inversión será incrementar y mejorar el acceso y la calidad en el cuidado en hogares de cuido, la supervisión de estos en centros, tanto del gobierno como privados, el aumento en el número de profesionales y cuidadores, así como identificar programas para el entretenimiento y la promoción de salud física y mental de los ciudadanos de la tercera edad.


La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes ha cumplido con su deber legislativo y ministerial. Toca al gobierno, en el último tramo de este cuatrienio, hacer su parte.

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