• Editorial Semana

Un enemigo y un traidor


Por: Jesús Santa Rodríguez


Dos mujeres fueron arrestadas al intentar cambiar un cheque del Pandemic Unemployment Assistance (PUA) y no pudieron prestar la fianza combinada de $800,000 que se les impuso. Aunque la alegación es reprensible y todo a quien se le pruebe la comisión de un delito debe pagar por ello, de la faz de unas fotos circuladas son hijas de la inequidad social, revelando, otra vez, que la injusticia tiene rostro de pobreza, inequidad y, muchas veces, de mujer.


El castigo impuesto, para muchos irrazonablemente alto, contrasta con otros casos. Se sabe que cientos de estudiantes de escuelas privadas han cometido igual delito que esta madre y su hija, y que miles de empleados públicos -incluyendo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos- también se beneficiaron ilegalmente del PUA, sin que se conozca qué consecuencias legales les ha acarreado a esta fecha. Ante la exposición que recibieron estas dos mujeres, como contraste, llaman notablemente la atención las expresiones insensatas e insensibles de la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, quien reconoció tácitamente su fracaso en conseguir que unos mil millones de dólares en fondos de Medicaid, destinados a la Isla para el año fiscal federal que comienza el 1 de octubre, fueran aprobados por el Congreso de los Estados Unidos.


Ante este escenario, y en contraste con las dos mujeres arrestadas, vemos cómo nos hunden en el fondo de la desesperanza y la inequidad social tanto la ineptitud de Jenniffer González como el gobierno del Partido Nuevo Progresista del cual reniega ser parte.


A esta combinación de ineficiencia y mala fe se suma el gobierno de facto de este país, la Junta de Control Fiscal, que se niega a expandir el acceso al plan de salud del gobierno, el plan Vital, que no cuenta con financiamiento permanente, lo que provocará la pérdida de seiscientos millones de dólares para el año fiscal federal 2021. Los otros mil millones se perderán durante la próxima semana, lo que representará, entre otras cosas, la exclusión de miles de personas con derecho a recibir los servicios de la tarjeta de salud del gobierno.


En Puerto Rico, cientos de miles no pueden pagar un plan privado de salud y están desprovistos de acceso a cuidados y atención médica, mientras la clase médica clama por la paga justa por ofrecer servicios médico hospitalarios. Entretanto, Jenniffer González se refiere al fracaso de no recibir esta asignación federal a la que el país tiene derecho como que era “dinero de más”.


Solo basta recordar la incompetencia en el manejo de la pandemia del Covid-19, que nos mantiene en jaque por el aumento descontrolado de casos positivos, el repunte de muertes asociadas con este virus y el incremento en la ocupación en los hospitales y Unidades de Cuidado Intensivo, mientras en el resto del mundo los casos comienzan a minimizar y muchos países han retornado a la normalidad gracias a la implantación de medidas y protocolos de diseño científico consensuado por los sectores médicos, económicos, sociales y comunitarios.


Para muestra, con un botón basta. El desempeño insuficiente de la comisionada residente, el desenfoque en las prioridades de la Junta de Control Fiscal y la torpeza de este gobierno para administrar, hacen evidente que el país se encuentra entre un enemigo y un traidor, y cuatro años más de esta fórmula será letal para el país. Encaminemos el cambio.

Suscríbete a nuestro boletín

© Editorial Semana, Inc.

Calle Cristóbal Colón Esquina Ponce de León #21 Caguas, PR, 00725

icono.png