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  • Foto del escritorEditorial Semana

Un gobierno en probatoria


Por: Jesús Santa Rodríguez


El próximo 30 de noviembre culmina el periodo establecido para que concluya el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). De no alcanzarse acuerdos con los acreedores, quedaría en un limbo la referida reestructuración, y el contrato con Luma Energy podría ser rescindido por el mismo consorcio, dejando al gobierno en posición de tener que pagarle multas a la empresa durante un proceso de transición.


Actualmente, Luma se encuentra operando bajo un contrato suplementario que vence el 30 de noviembre, precisamente al no haber concluido el proceso de negociación entre la AEE y sus acreedores.


Ante este escenario, el gobierno tampoco cuenta con un Plan B en la eventualidad de que sea necesario sustituir a Luma. Es decir, el País podría quedar rehén de Luma, con condiciones similares a aquellas que nos costaron cientos de millones de dólares, ahora añadiendo penalidades, sin tener las garras para exigir el fiel cumplimiento de los servicios obligados. En efecto, estando bajo un contrato suplementario, Luma no ha dado pie con bola para llevar a cabo la poda de vegetación que afecta las líneas de transmisión principales, mientras acumula, sin invertir, el dinero que debería destinar para dicho objetivo.


Entretanto, la conducta del gobernador Pedro Pierluisi en la defensa de Luma llega hasta a justificar sus incumplimientos, fallas en el servicio, continuas interrupciones y apatía con la que manejan las múltiples quejas de los clientes.


La provisión de servicio eléctrico no es un lujo, es una necesidad. Sin un sistema eficiente y confiable, no solo se afecta la calidad de vida de la gente: también, se arriesga el desarrollo económico del País. Cada vez, son más frecuentes los testimonios de empresarios y comerciantes que enfrentan largos periodos sin servicio eléctrico, teniendo que invertir en sistemas de energía alternos, costosos y que requieren continuo mantenimiento. Estos retos incluyen suplirse de combustible para garantizar que las operaciones comerciales y empresariales privadas no se interrumpan ni afecten. No solo se encarecen los costos operacionales al proveerse energía ante la interrupción continua del servicio: las facturas de Luma, en lugar de reducirse, continúan aumentando sin que pueda justificarse tal incremento.

Durante sus comparecencias, cuando el Gobernador es cuestionado por el deficiente servicio de Luma y el encarecimiento en el costo, su respuesta es allanarle el camino a la empresa, y “suelta la papa caliente” diciendo que corresponde a los distintos entes del gobierno fiscalizar el consorcio, mientras justifica su incumplimiento, expresando que “Luma está en probatoria”.


Cabe preguntarnos: ¿No es Pierluisi quien tiene el deber y la facultad de exigir rendición de cuentas y resultados a sus secretarios y directores? Al parecer, el Gobernador está más preocupado por planificar su próximo viaje que dirigir y coordinar la acción administrativa para asegurar el desarrollo integral de nuestro País. Pierluisi es un gobernador en probatoria.

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