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  • Foto del escritorEditorial Semana

Vidas ciegas y vidas cegadas




Por: Jesús Santa Rodríguez


El reo Hermes Ávila engañó durante años al Departamento de Corrección y Rehabilitación fingiendo ser parapléjico. Al recibir el privilegio de salida por virtud de la Ley 25 de 1992, se “sanó”, trabajó en una barra, entregó alimentos a domicilio, y acabó acechando y asesinando a una mujer no relacionada con él que visitaba el lugar. Era, al menos, su segundo asesinato y violación. También, había sido acusado por tentativa de violación, y de tres otros asesinatos de mujeres bajo las mismas circunstancias, pero sobre estos fue hallado no culpable por no tener la prueba para acusarle, pero en expresiones públicas de un jefe de la Policía no existía duda de que fuera responsable de estas muertes.


Durante una vista pública citada esta semana por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes para conocer el desempeño de esta agencia y la petición presupuestaria para el año fiscal 2024-2025, en el marco del cruento crimen perpetrado por el reo Hermes Ávila, se inquirió a su secretaria y otros funcionarios de la agencia sobre el nivel de cumplimiento con la Ley 25 de 1992, que dispone que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico diagnosticados con enfermedades terminales, puedan salir de las instituciones bajo ciertas condiciones. Como era de esperar, la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) obstruyó el proceso de preguntas reclamando que estas no tenían relación con el presupuesto de la agencia. Veamos.


Todo el país ha sido testigo de los cuestionamientos a raíz de este asesinato. Esta vista pública no fue la excepción. Este crimen reveló el fracaso del DCR en cumplir mínimamente con la Ley 25-1992 y el Reglamento 7818 de 2010 que establece los procedimientos para atender los casos especiales de las personas en el sistema correccional que sufren condiciones severas, cuya prognosis es menor de seis meses. Si preguntar sobre las fallas asociadas con este crimen no guarda relación con el uso responsable de los fondos públicos, ¿qué lo es?


Durante la vista pública, a preguntas nuestras, la secretaria presentó datos reveladores. Existen 7,040 adultos dentro de instituciones penales: 6,747 hombres y 293 mujeres, y 5,456 hombres convictos en programas alternos de confinamiento o “libertad a prueba”. Varios de estos están participando de la Ley 25. También reconoció que existen solamente 250 empleados dedicados a los más de cinco mil convictos en programas alternos, es decir, un oficial por cada 20 reos en la libre comunidad. En contraste, existe una relación de casi hombre a hombre en la proporcionalidad de guardias de corrección respecto a los encarcelados. Esto merece ser evaluado.


El obstruccionismo del PNP es evidente, especialmente cuando las investigaciones realizadas por la mayoría legislativa buscan identificar las fallas del sistema y cuánto les están costando al país. Para el presupuesto del próximo año fiscal el DCR está solicitando $466 millones. Reconocemos la importancia de las funciones del DCR. Entre estas está responder a los serios señalamientos por la ruptura en los procesos impuestos por la ley para evitar la inseguridad y las trágicas situaciones que padece el pueblo. Háganlo.

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