Cidra pide al Negociado de Energía frenar amenaza de LUMA de desconectar instalaciones municipales
Redacción EDITORIAL SEMANA
El alcalde de Cidra, Delvis J. Pagán Clavijo, solicitó la intervención del Negociado de Energía para que detenga cualquier gestión de LUMA para suspender el servicio eléctrico de las instalaciones del Municipio mientras se atiende una controversia por $319,216.88 y se determina si se cumplió con los requisitos reglamentarios previos a una desconexión. La petición surge luego de que una representante del consorcio eléctrico advirtiera por escrito al Gobierno Municipal que “les van a desconectar”.
“Esta amenaza de desconexión puede afectar instalaciones desde las que prestamos servicios esenciales a nuestros ciudadanos. No podemos esperar a que ocurra una suspensión para entonces cuestionar si se cumplió con el procedimiento. Por eso acudimos al Negociado de Energía para proteger la continuidad de los servicios mientras se atiende esta controversia. Me consta que otros municipios están en situaciones similares y no podemos permitir que esto ocurra”, denunció Pagán Clavijo.
La disputa surge por un balance de $319,216.88 que LUMA atribuye al consumo municipal por encima del Tope Máximo de la Contribución en Lugar de Impuestos, (conocido como CELI) correspondiente al año fiscal 2025-2026. LUMA notificó al municipio que tenía hasta el 14 de septiembre para pagar la totalidad, acogerse a un plan de pago con un pronto de 25 por ciento o presentar una objeción de factura acompañada del pago de 50 por ciento.
“El municipio solicitó a LUMA que identificara el fundamento reglamentario para establecer esa fecha y que entregara la documentación relacionada con el proceso. Nuestra petición no busca que el negociado determine en esta etapa si corresponde pagar el balance reclamado. Lo que solicitamos es que se mantenga el servicio mientras se determina si se cumplieron los requisitos que establece el reglamento antes de una desconexión, que eso es lo que queremos evitar”, puntualizó el ejecutivo municipal.
“Una controversia sobre facturación debe atenderse mediante los procesos que correspondan, pero no podemos permitir que una posible suspensión ocurra antes de que el organismo regulador determine si se cumplieron los requisitos establecidos para llegar a esa acción. Nuestro planteamiento busca proteger las operaciones municipales
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