Comisión cameral requiere información sobre contrato de concesión de peaje de la PR-53 en Yabucoa y otras vías.

Redacción EDITORIAL SEMANA

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Desde la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que preside el representante Edgar Robles Rivera, se realizó un requerimiento formal de información dirigido a Metropistas, con el fin de obtener detalles sobre el contrato de concesión y el cobro de tarifas en los peajes. Además, se solicitaron Memoriales Explicativos tanto a Metropistas como a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Estas solicitudes se hacen en el marco de la Resolución de la Cámara Núm. 105, que ordena investigar todo lo relacionado con la fijación de precios, tarifas y prácticas que impactan directamente al consumidor puertorriqueño.

“En específico, se solicitó que se explique cómo se determinan las tarifas de peaje, qué participación tiene el gobierno en esas decisiones y si se están cumpliendo los términos del contrato. Además, se requirió información sobre posibles penalidades por incumplimientos y la fiscalización del sistema de peajes dinámicos”, adelantó.

El requerimiento también abarca las autopistas y vías bajo este acuerdo, incluyendo la PR-53 (Fajardo-Yabucoa), PR-52 (San Juan- Ponce), PR-22 (San Juan-Hatillo),  PR-20 (Guaynabo-Caguas),PR-5 (Guaynabo-Bayamón),  así como la PR-66 (Carolina-Río Grande) y el Puente Teodoro Moscoso, todas con impacto directo en miles de conductores diariamente.

“Como parte de nuestra evaluación, estamos examinando el funcionamiento del carril expreso o carril dinámico (DTL), utilizado en tramos de la PR-22 y PR-52. Este sistema opera con tarifas variables que pueden fluctuar aproximadamente entre $1.95 y $5.85 y pueden cambiar cada poco minuto, dependiendo del tránsito, lo que impacta directamente la planificación y el bolsillo del conductor”, explicó el representante Robles Rivera.

 “Aquí el consumidor no puede estar a ciegas. La gente tiene que saber cuánto va a pagar y por qué lo está pagando”, añadió el legislador. 

“Nuestro deber es claro: fiscalizar, exigir transparencia y asegurarnos de que cada cobro sea justo y conforme a lo convenido contractualmente. Esto no es complicado, es respeto al ciudadano que todos los días paga por usar estas vías”, subrayó. 

Afirmó a su vez que estas gestiones tienen un propósito claro: velar por el consumidor puertorriqueño, toda  vez que, según sentenció, cada persona que paga un peaje tiene derecho a recibir una información clara, procesos justos y un sistema que responda con transparencia. 

“El enfoque es uno solo: defender al consumidor, asegurar la claridad en los cobros de tarifas y garantizar que el sistema funcione como debe”, concluyó.