Corrupción consabor a croqueta.

Por: José “Conny” Varela

La semana volvió a desnudar el deterioro ético que corroe a la administración de Jenniffer González. El llamado croqueta fee —un esquema tan absurdo como indignante— no es un episodio aislado ni una anécdota pintoresca. Es la manifestación más reciente de un patrón de poder que ha perdido cualquier sentido de decencia pública. Un gobierno que normaliza lo inaceptable termina por convertir la corrupción en rutina administrativa, y eso es precisamente lo que estamos viendo.

Según denuncias divulgadas esta semana, la Comisionada de Instituciones Financieras habría utilizado su autoridad regulatoria para perseguir a un empresario, movida por un afán de satisfacer la sed de venganza de amigas cercanas. Si esto se confirma, estaríamos ante un uso abiertamente personalista y abusivo del poder estatal por parte de la actual administración de gobierno.

El liderato del PNP lleva años extraviado, atrapado en una lógica tribal donde la lealtad a la cofradía pesa más que la lealtad al país. Los estándares éticos se han reducido a proteger a los amigos del alma, a cerrar filas ante cualquier señalamiento y a justificar lo injustificable. El croqueta fee no es un desliz: es la consecuencia natural de un ecosistema político que premia la impunidad y castiga la transparencia.

Este nuevo escándalo se suma a la defensa férrea —y hoy insostenible— que la administración ofreció a Ciary Pérez Peña, aun cuando los señalamientos en su contra apuntaban a posibles delitos. También se suma al manto protector extendido sobre la secretaria del Departamento de la Familia, pese a cuestionamientos públicos y reclamos de mayor escrutinio. En cada caso, la reacción oficial ha sido la misma: minimizar, desviar, relativizar. Nunca asumir responsabilidad.

Pero hay un ángulo que permanece en penumbra y que merece atención urgente: el rol del Departamento de Justicia. Bajo la actual secretaria, las investigaciones de estos asuntos han generado dudas legítimas sobre su juridicidad e imparcialidad. La percepción pública —alimentada por decisiones erráticas y silencios estratégicos— es que Justicia actúa más como escudo político que como institución garante del estado de derecho. Es tiempo de que la administración de Jenniffer González se haga consciente de que cuando la ciudadanía deja de confiar en la integridad de sus mecanismos de fiscalización, la democracia entera se resiente.

El croqueta fee es, en apariencia, un escándalo menor. Pero su importancia radica en lo que revela: un gobierno que ha normalizado la cultura del privilegio, que opera con una arrogancia autoritaria y que ha perdido la capacidad de distinguir entre lo público y lo privado. La tolerancia del pueblo por estas prácticas ha sido ya más que abusada. La indignación ya es palpable. Mientras la administración de Jenniffer González apuesta a que el país no reaccionará, el pueblo ya juzgó y tiene claro que la impunidad de la corrupción es un precio demasiado alto para pagar aunque en el menú lo quieran disfrazar como un cargo por croquetas.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes