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Injustificado el cargo por servicio en eventos multitudinarios segĂșn senadora por Aguas Buenas

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    Editorial Semana
  • 15 ene
  • 2 Min. de lectura

Nitza MorĂĄn Trinidad
Nitza MorĂĄn Trinidad

RedacciĂłn Editorial Semana


La senadora por Aguas Buenas, Guaynabo y San Juan, Nitza MorĂĄn Trinidad, reiterĂł la necesidad de atender con urgencia una laguna en la ley vigente relacionada al cobro de cargos por servicio en eventos multitudinarios, al quedar evidenciado que dicha disposiciĂłn afecta directamente a los consumidores.


La legisladora, quien preside de la ComisiĂłn de Desarrollo EconĂłmico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado, hizo las expresiones durante la vista pĂșblica celebrada como parte del proceso de evaluaciĂłn del nominado a secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.


SegĂșn expuso que el llamado cargo por servicio u otros cargos, que ronda los tres dĂłlares por boleto en conciertos y eventos realizados en centros de convenciones y otros recintos, estĂĄ permitido conforme a la ley segĂșn fue aprobada. La ley no obliga a la devoluciĂłn cuando el servicio no se presta, lo que describiĂł como una ambigĂŒedad que termina beneficiando a promotores y operadores de recintos, mientras el consumidor asume la pĂ©rdida.


“SegĂșn estĂĄ redactada y aprobada la Ley, los consumidores se ven obligados pagar ese cargo por servicio que es injusto e injustificado y, en caso de cancelaciĂłn del evento, no el consumidor se ve desprovisto de la devoluciĂłn de ese dinero contrario a la devoluciĂłn del costo del boleto que es 100 %. Esa es la realidad legal que hoy quedĂł evidenciada en vista pĂșblica”, expresĂł la senadora MorĂĄn.


La senadora reitera una confusiĂłn en la interpretaciĂłn ya que se entiende que dicho cargo debe cancelarse o no cobrarse. Sin embargo, enfatizĂł que esa postura no se sostiene a la luz del texto legal vigente, lo que ha generado confusiĂłn pĂșblica sobre los derechos reales y la protecciĂłn al consumidor.


MorĂĄn Trinidad sostuvo que el hecho de que el cobro sea legal no significa que sea justo ni que responda al mejor interĂ©s del pueblo. “Nuestro deber como legisladores es corregir aquellas disposiciones que, aunque legales, resultan injustas para los ciudadanos. La protecciĂłn al consumidor tiene que ser clara, firme y sin interpretaciones contradictorias”, puntualizĂł.


Como presidenta de la ComisiĂłn de Desarrollo EconĂłmico, la senadora reafirmĂł su compromiso de impulsar una revisiĂłn responsable de la legislaciĂłn vigente para cerrar estas lagunas y garantizar mayor transparencia y equidad en la industria de eventos.


“Este es un asunto que hay que atender a favor del pueblo. Puerto Rico necesita reglas claras que protejan al consumidor y eviten que se sigan cobrando cargos por servicios que no se ofrecen”, concluyó.

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