Una reforma contributiva que no cuadra

Por: José “Conny” Varela

La propuesta de reforma contributiva presentada por la gobernadora Jenniffer González ha provocado un intenso debate público, y no precisamente por su solidez. Aunque se ha intentado promover como un alivio histórico para los contribuyentes, múltiples sectores —incluyendo economistas, analistas fiscales, la Junta de Control Fiscal e incluso figuras prominentes del propio Partido Nuevo Progresista— han cuestionado su viabilidad. Las dudas no son menores: apuntan a que la medida, tal como está planteada, simplemente no cuadra.

Según se ha discutido públicamente, la propuesta promete reducciones contributivas amplias sin explicar de manera convincente cómo se compensará la pérdida de ingresos al fisco. En un escenario donde el presupuesto opera bajo estricta supervisión federal y donde cada partida está comprometida, plantear recortes masivos de recaudos sin un plan fiscal detallado es una apuesta arriesgada. La Junta de Control Fiscal ha sido directa: la reforma no es costeable bajo los parámetros actuales y podría desestabilizar los avances logrados en materia fiscal.

La resistencia tampoco se limita a la Junta. Dentro del propio PNP, voces como la de Thomas Rivera Schatz han expresado reservas significativas, señalando que la propuesta carece de rigor y que no se sostiene financieramente. Cuando figuras de alto perfil dentro del mismo partido levantan objeciones, queda claro que el problema no es ideológico, sino matemático.

A pesar de ello, la gobernadora insiste en presentar la reforma como si fuera una solución transformadora. Y aquí surge la preocupación mayor: la insistencia en promover una medida que, según múltiples expertos, no tiene base fiscal sólida. La impresión que se proyecta es que se trata menos de una política pública responsable y más de un recurso electoral diseñado para generar titulares y apelar a un electorado cansado de la carga contributiva. Una jugada que apuesta a que la gente no examinará los detalles.

La discusión contributiva no puede reducirse a promesas llamativas sin sustancia. Puerto Rico ha vivido suficientes crisis fiscales como para saber que las decisiones improvisadas terminan pasando factura. La gobernadora conoce las limitaciones presupuestarias del gobierno y entiende que una reforma de esta magnitud requiere un andamiaje fiscal que hoy no existe. Aun así, se insiste en empujar la narrativa de un alivio inmediato que, según los propios análisis públicos, no es viable.

La ciudadanía ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe distinguir entre propuestas serias y estrategias de campaña. Es tiempo de que la gobernadora acepte que el Pueblo no es ingenuo y que la politiquería no siempre le va a dar ganancias.

El autor es representante por Caguas en la Cámara de Representantes