Por: Jesús Santa Rodríguez
La aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) fue la primera parte para viabilizar la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, un paso esencial para la reducción significativa de la misma, de manera que el gobierno esté en mejor posición de acometer las prioridades que fueron relegadas a un segundo plano durante muchos años, por causa de la ineficiencia crónica y falta de visión que nos llevaron a la quiebra.
Este proceso, con sus luces y sus sombras, ha sido causa de gran polarización, pero debe ser visto como una coyuntura que viabilizó los “ahorros” que han dado el espacio para proteger las pensiones de nuestros retirados, maestros y demás servidores públicos, teniendo la certeza de saber cuánto vamos a pagar anualmente -número del cual no teníamos certidumbre-, y acceder nuevamente a los mercados para lograr el financiamiento que pueda solventar el mejoramiento de las infraestructuras eléctrica y de carreteras destruidas por años de abandono y falta de planificación. También, debe servirnos para reflexionar sobre los errores cometidos, como gobierno, cuando giramos contra recursos que no teníamos, quebrando nuestros sistemas de retiro a pesar de las repetidas advertencias de los actuarios desde hace décadas, y sobregirándonos reiteradamente hasta caer en la quiebra.
Luego de este histórico paso, corresponde a la Legislatura evaluar la aprobación de enmiendas al presupuesto vigente, en respuesta a los acuerdos alcanzados con la Junta de Supervisión Fiscal y el tribunal. Nuestra agenda legislativa, en torno a este presupuesto, incluye el pago de la deuda de forma organizada, separar fondos para salud a través de los centros 330 y la capitalización de los sistemas de retiro mediante la creación de un fideicomiso.
Otra de las metas de la mayoría legislativa es trabajar junto al Ejecutivo en la revisión del Plan de Clasificación y Retribución de los empleados públicos, que no ha sido actualizado desde 2009. Durante las vistas públicas conjuntas sobre presupuesto de las Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, pudimos constatar que esta revisión es impostergable, pues el plan actual no provee la retribución justa para retener personal de calidad en nuestras agencias ni atraer nuevos recursos con las competencias imprescindibles para ocupar y desempeñar funciones con eficiencia.
Todavía faltan otros pasos que el gobierno y la Asamblea Legislativa deben tomar para llevar a término la ley PROMESA y la quiebra. Para ello, hace falta compromiso, disciplina, colaboración, transparencia y buena fe. Esta fórmula nos permitirá cumplir con los acuerdos alcanzados, hará viable el incremento salarial de nuestros maestros y demás servidores públicos, mantener el fideicomiso para el retiro de estos, lograr una revisión responsable del Plan de Clasificación y Retribución mediante el ahorro en la eliminación de los contratos de servicios profesionales, proveer las herramientas necesarias para que nuestras agencias desempeñen a cabalidad sus funciones, y poner en práctica un plan de desarrollo económico que sí funcione, para que Puerto Rico vuelva a ser el lugar idóneo para vivir y desarrollarse.