Colapsa la AAA bajo la administración de Jenniffer González

Por: José “Conny” Varela

El gobierno de Jenniffer González se consume en el fuego de la incompetencia y no tiene agua para apagarlo. En pleno 2026, cuando Puerto Rico debería estar discutiendo cómo modernizar su infraestructura hídrica para enfrentar el cambio climático, nos encontramos retrocediendo décadas: municipios sin acceso al agua potable, hospitales improvisando protocolos de emergencia y ciudadanos haciendo filas interminables para llenar cubos como si viviéramos en un país devastado por la guerra. El colapso del sistema de acueductos no es un accidente ni una fatalidad inevitable. Es, sobre todo, la consecuencia directa de la falta de previsión, la incapacidad administrativa y la desconexión absoluta del gobierno de Jenniffer González con las necesidades básicas de la población.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bajo la dirección política de esta administración, ha demostrado una alarmante incapacidad para planificar, mantener y operar la infraestructura esencial del país. La gobernadora insiste en que la crisis responde a “eventos extraordinarios”, pero la verdad es más incómoda: la AAA lleva años desoyendo advertencias técnicas, posponiendo reparaciones críticas y manejando sus recursos con una mezcla de improvisación y negligencia. El resultado es un sistema que colapsa ante la primera presión significativa, dejando a cientos de miles de personas sin el recurso más básico para la vida.

Lo más impactante es que, a estas alturas, municipios tengan que recurrir nuevamente a los tribunales para reclamar atención de la AAA. No se trata de un gesto simbólico. Es un acto desesperado ante un gobierno central que ha demostrado ser incapaz de garantizar el acceso al agua potable, un derecho reconocido internacionalmente. Hace alrededor de dos décadas, Caguas fue pionera en esa lucha cuando demandó a la AAA para proteger a sus residentes. Aquella acción judicial fue vista entonces como un precedente excepcional. Hoy, sin embargo, San Juan, Bayamón y otros municipios se ven obligados a seguir el mismo camino.

Que municipios cabeza de región tengan que acudir a los tribunales para obligar al gobierno a cumplir con su deber más elemental —proveer agua— es una señal inequívoca de que la administración de Jenniffer González ha perdido el control de la gestión pública. No se trata solo de fallas técnicas. Es un fracaso político, ético y administrativo de proporciones históricas.

Mientras la gobernadora intenta apagar el fuego de la indignación pública con excusas recicladas y promesas vacías, el país observa cómo su gobierno se consume en su propia incompetencia. En vez de invertir en fortalecer nuestro sistema de acueductos, la administración ha preferido invertir en relaciones públicas y maquilladores de imagen. A estas alturas no queda ni la apariencia de que Jenniffer González haya tenido alguna vez un plan real para gobernar a Puerto Rico. Mientras el país sucumbe en apagones y tuberías secas, ya es cada vez más fuerte la percepción de que el único sistema realmente planificado y blindado en su gobierno ha sido el de repartir contratos entre los amigos del alma.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes