Criminalidad e impunidad.

Por: Lilliam Maldonado Cordero

La violencia en Puerto Rico tiene apariencia de normalización, un síntoma social muy peligroso. Aunque los delitos, violencia de género y crímenes violentos han sido parte de la historia de nuestro país, la frecuencia con la que los medios de noticias informan secuestros por el robo de autos, golpizas, asesinatos y tiroteos hasta a plena luz del día, deben ser motivo de preocupación, particularmente de quienes tienen el deber de investigar, encausar y administrar la justicia. 

Concretamente, al 2 de mayo de 2026 se habían reportado 159 muertes violentas en el país, unas 13 por encima de 2025 para el mismo periodo. Mientras, el lunes despertamos con la terrible noticia de que una madre alegadamente había apuñalado en varias ocasiones a su hijo de 7 años. 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), existe una relación directa entre los altos índices de criminalidad y los desafíos sociales y económicos estructurales encarados por las diez ciudades más peligrosas de los Estados Unidos -Nueva Orleans, Memphis, San Luis y Detroit están entre estas-. Según datos analizados por SafeSound, se han identificado como influencias asociadas a la violencia la pobreza concentrada, la escasez de policías, el narcotráfico y las actividades relacionadas con este, así como la falta de acceso a educación de calidad. Sin embargo, sus gobiernos han buscado e identificado tratamientos para reducir la criminalidad reportando resultados significativos, como la disuasión focalizada (intervención directa sobre los actores de mayor riesgo), el aumento en la vigilancia policial comunitaria, la reducción de la desigualdad económica mediante la estimulación del empleo y promover el dinamismo comercial y empresarial a través del desarrollo económico. 

Según expertos, otro factor estructural crítico también asociado a potenciar la criminalidad es la impunidad y la dilación en la procuración y administración de la justicia. En Puerto Rico, existen altos índices de impunidad en los delitos graves por no existir castigos reales ni consecuencias a quienes los perpetran. No es un secreto la insatisfacción generalizada a raíz de la sentencia de no culpabilidad en el caso del asesinato del biólogo de Yauco a manos de su vecino enfermero. El acusado no solo regresó de la calle hasta su casa para buscar una de sus múltiples armas para ir hasta la casa de la víctima a matarlo, sino que se conocía que poseía expediente criminal y de violencia previo a esta nueva acusación. De la misma manera, hemos visto el manejo en los casos ante la consideración de los tribunales, en los que personas reincidentes en su conducta delictiva salen repetidamente por la puerta ancha de la injusticia para continuar con su comportamiento antisocial, ante la ausencia de consecuencias. 

Esto está acentuado por los bajos índices de esclarecimiento de delitos, siendo específicamente el de asesinatos entre 20% y 25%. Es decir, 80 de cada 100 asesinatos en Puerto Rico quedan sin resolver. Esto indudablemente es causa eficiente para que no se venza el crimen en la isla, provocando que víctimas y familiares no salgan del ciclo de dolor y que se pierda la confianza en el sistema.

Nuestro país es uno sobrelegislado. Falta voluntad para identificar las fallas, realizar un diagnóstico responsable de estas e implantar medidas determinantes para encarar el crimen y la impunidad como lo han hecho exitosamente otras jurisdicciones y países del mundo.