Las Piedras levanta bandera

Por: Nitza Morán Trinidad

La vulnerabilidad de nuestros adultos mayores vuelve a quedar expuesta tras el presunto maltrato contra una mujer de 86 años en un establecimiento de cuido prolongado en el municipio de Las Piedras. Según ha trascendido, la adulta mayor habría sufrido agresiones físicas por parte de un cuidador, situación que culminó con la cancelación de la licencia de la institución por parte del Departamento de la Familia. Sin embargo, no es la primera ocasión en que este hogar enfrenta investigaciones administrativas por posibles actos de negligencia. Lamentablemente, vivimos reaccionando a hechos que nos obligan a levantar bandera y a reconocer que esta población no siempre está siendo atendida con la protección, la dignidad y la sensibilidad que merece. La pregunta que debe ocuparnos es si el sistema de fiscalización es lo suficientemente riguroso para prevenir abusos, negligencias y abandono antes de que ocurra una tragedia. No basta con intervenir después de una denuncia. La verdadera protección comienza con supervisión constante, inspecciones efectivas y mecanismos de respuesta temprana. Puerto Rico no carece de legislación para proteger a los adultos mayores. Existen leyes que reconocen su derecho a recibir un trato digno, libre de explotación, maltrato y discrimen, así como mecanismos para garantizar su seguridad, bienestar y acceso a servicios adecuados. También se establecen requisitos para el licenciamiento y la operación de los establecimientos dedicados al cuido de esta población. Pero la existencia de leyes, por sí sola, no garantiza la protección de quienes más lo necesitan. La efectividad de cualquier política pública depende de inspecciones sin previo aviso, investigaciones ágiles y acciones firmes cuando surgen las primeras señales de incumplimiento. Puerto Rico enfrenta un reto demográfico que exige mayor atención y mejores servicios para una población adulta mayor en constante crecimiento. La forma en que una sociedad trata a sus adultos mayores refleja la fortaleza de sus instituciones y su sentido de responsabilidad colectiva. El caso de Las Piedras debe convertirse en un punto de inflexión. No para alimentar una indignación pasajera, sino para impulsar cambios que fortalezcan la fiscalización, mejoren la capacitación de quienes trabajan en estos centros y eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse. Sin embargo, también existe una responsabilidad familiar que no puede ignorarse. Delegar el cuido no significa delegar el amor, la atención ni el deber de acompañar. La familia continúa siendo el primer círculo de protección y su presencia puede ser determinante para detectar cambios, denunciar irregularidades y garantizar un trato adecuado. El acompañamiento es una de las formas más importantes de cuido y, muchas veces, la mejor medicina para que esos años sean verdaderamente dorados. Si una persona mayor vive sola o ha sido abandonada, la responsabilidad institucional y social es aún mayor. Quien recibe un pago por cuidar tiene la obligación de servir, proteger y respetar. Nunca de maltratar.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo