La ineptitud del gobierno la vuelve a pagar el pueblo
El pasado 2 de septiembre, 1,420 amas de llaves recibieron una notificación que les paralizó el corazón: sus servicios quedaban en “pausa temporal” hasta el 30 de septiembre. Del otro lado de esa carta hay 1,596 personas —envejecientes, encamados, personas con discapacidad— que amanecieron sin quien les preparara el desayuno, les ayudara con los medicamentos, les asistiera en el baño o, sencillamente, les acompañara. Según AARP, el 96% de nuestra población de edad avanzada vive en su hogar. Para ellos, esa “pausa” no es un tecnicismo administrativo: es el desamparo tocando a la puerta.
¿Y cuál fue la causa? No fue un huracán, ni un terremoto, ni la falta de fondos. Fue la ineptitud de este gobierno.
Los hechos son públicos y son bochornosos. Desde junio de 2025, la Administración de Familias y Niños (ADFAN) manejó este contrato con tres enmiendas sin someterlo a la revisión previa que exige la Junta de Supervisión Fiscal, hasta ampliarlo a $21 millones. El 11 de agosto, la Junta le escribió a la administradora Wilma Ortiz Rivera detallando las violaciones. Aun así, ADFAN esperó hasta el 1 de septiembre —un día después de vencido el contrato anterior y el mismo día en que debían comenzar los servicios— para radicar un nuevo acuerdo de $50.9 millones, cuando la propia política de la Junta exige quince días de antelación. La Junta lo frenó, además, porque hay un pleito judicial sobre la subasta desde el 30 de abril y no puede determinar si el proceso promovió sana competencia.
En otras palabras, el gobierno se sentó sobre el expediente durante meses y le pasó la factura a las abuelas y a los abuelos de este país.
Lo que siguió fue igual de indignante. Mientras las familias llamaban desesperadas, en La Fortaleza no sabían ni quién tenía que firmar. La gobernadora dijo que esperaba a la Junta para otorgar un contrato de dos años; la administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, sostuvo que era su agencia la que autorizaba la contratación directa. Dos versiones del mismo gobierno, contradiciéndose en público, mientras una señora de 84 años en Caguas esperaba a que alguien le tocara la puerta para ayudarla con sus necesidades del día.
Al final hubo una extensión de apenas un mes. Un mes. Es decir, volvemos a lo mismo el 30 de septiembre, y estas familias tendrán que vivir otra vez con el susto de que les quiten la poca ayuda que tienen. Eso no es administrar; eso es improvisar sobre la espalda de los más frágiles.
Todo esto ocurre en medio de una sequía con racionamiento, cuando una persona encamada sin ama de llaves tampoco tiene quien le cargue el agua hasta su cama.
Es necesario investigar a fondo este descalabro y todo lo concerniente al contrato multianual que se estará aplicando al programa de amas de llaves y a esas 1,420 trabajadoras, que ganan poco y sostienen mucho. Cuidar a quienes nos criaron no es un favor que se concede: es una obligación que se cumple. Esta administración, otra vez, la incumplió.
El autor es representante por Caguas
en la Cámara de Representantes
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