El patrón de impunidad en el gobierno de Jenniffer González.

Por: José “Conny” Varela

La investigación que se ha abierto por parte del Partido Popular sobre la actual secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roig, ha destapado lo que aparenta ser un patrón de irregularidades en el Departamento de Justicia con el manejo de pesquisas sobre actos de corrupción de allegados al Partido Nuevo Progresista. Primero ocurrió en el caso de Ciary Pérez Peña y las ilegalidades de las que se aprovechó esa funcionaria del PNP bajo la protección de la gobernadora. Luego, es evidente que el patrón se fortalece con el trato privilegiado que la administración le ha dado a Susan Roig con la ayuda del Departamento de Justicia.

Hemos quedado desconcertados ante el descubrimiento de que el Departamento de Justicia archivó la investigación sobre la secretaria del Departamento de la Familia, liberándola de cualquier responsabilidad penal, por acciones que despiertan la indignación de cualquiera. Esta decisión, lejos de cerrar el capítulo, ha alimentado aún más las sospechas y críticas de aquellos que ven en este desenlace una confirmación de sus peores temores.

Ahora, la narrativa que cobra fuerza entre sectores de la opinión pública es que el gobierno de Jennifer González no solo ha actuado de manera incorrecta, sino que ha incurrido en un patrón de corrupción mediante el encubrimiento de funcionarios de su administración. La percepción de que se ha protegido a figuras claves, no por inocencia, sino por conveniencia política, erosiona gravemente la credibilidad de las instituciones.

Este desenlace plantea serias dudas sobre la imparcialidad de los procesos en el Departamento de Justicia y sobre la fortaleza de los controles éticos en el gobierno. Aquellos que esperaban una señal clara de que la justicia se aplica por igual a todos los ciudadanos se sienten ahora traicionados. Más allá de la legalidad técnica, el archivo de la investigación refuerza la desconfianza y la sensación de que existen dos varas de medir: una para los funcionarios cercanos al poder y otra para el resto de la población.

En última instancia, este tipo de decisiones no solo afectan el caso concreto de Susan Roig, sino que envían un mensaje preocupante sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. 

Esta no es una crítica aislada, sino un reflejo del estado de ánimo de una sociedad que demanda un cambio genuino. Ya no tengo esperanza alguna de que esta administración quiera distanciarse de las sombras del pasado de corrupción sistemática de viejos gobiernos del PNP. Acciones como el archivo del caso de Susan Roig en el Departamento de Justicia pasarán a la historia como otro ejemplo de la impunidad de los amigos del alma de la administración de Jenniffer González. 

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes