Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
“Con los pobres de mi pueblo quisiera yo mi suerte echar”. (José Martí)
En términos generales, “gentrificación” se refiere fundamentalmente al desplazamiento social de los sectores urbanos más vulnerables y rezagados para la reconstrucción y modernización de las antiguas zonas de vivienda para sustituirlos con personas de mayor influencia social y poder adquisitivo. Esta forma prejuiciada de desplazamiento forma parte de los tentáculos mercantilistas y depredadores del capitalismo neoliberal en concierto y común acuerdo con los gobiernos de turno. Recuérdese que los gobiernos capitalistas han aprobado leyes para exonerar del pago de arbitrios y otras responsabilidades fiscales a los inversionistas extranjeros que, en aras de lavar dinero, convierten en zonas opulentas lo que por años fue el lugar de vivienda de miles de trabajadores. Leyes antisociales como la 20 y 22 aprobadas por el anexionismo puertorriqueño fueron diseñadas precisamente con ese deplorable objetivo.
Se trata de un burdo concubinato entre el capital internacional y los gobiernos de turno no solo para perpetuar en el poder político a las ultraconservadoras oligarquías y los círculos de poder económico, sino para multiplicar y perpetuar la pobreza, la desigualdad y la injusticia social impulsada por el neoliberalismo contemporáneo. Pretenden esconder bajo la alfombra a los sectores marginados sin tomar en consideración los efectos sociológicos que ello significa para la estabilidad y sana convivencia entre los pueblos.
Este fenómeno mundial se ha estado dando en múltiples ciudades de Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Perú, España, Francia, Portugal, Alemania e Inglaterra, entre otros países. En todos los casos el resultado neto de esta gentrificación ha sido el desplazamiento de los sectores económicamente deprimidos para sustituirlos con los nuevos ricos de la época.
En el bajo Manhattan, por ejemplo, hubo un desplazamiento de los residentes de una diversidad de culturas del sector conocido por SOHO y en su lugar, construyeron galerías de arte, restaurantes, centros recreativos, tiendas internacionales, boutiques, outlets y apartamentos lujosos cuya renta media es de $4,200 por unidades de una sola habitación. Algo similar ha ocurrido en Ciudad México, Barcelona, París y otras ciudades metropolitanas. En Hawái, el estado más caro y desplazado de Estados Unidos, cientos de familias y trabajadores se han visto obligados a pernoctar en casetas de campaña a orillas del mar porque sus ingresos no les alcanzan para alquilar viviendas tradicionales.
Y por supuesto, Puerto Rico no ha sido la excepción a la regla. Ya se sienten los efectos del desplazamiento humano en lugares como el Viejo San Juan, Dorado, Rincón, Luquillo y otras ciudades donde inversionistas extranjeros pagan lo que le pidan con tal de desarrollar zonas opulentas y atractivas para el turismo y personas adineradas.
Por tanto, favorecemos sin reservas la derogación de las leyes número 20 y 22, que han convertido a Puerto Rico en un deplorable “Paraíso Fiscal” en detrimento de nuestro pueblo trabajador. Y no se trata de actitudes xenofóbicas y nacionalistas, sino de defender los derechos de una vivienda digna y decorosa para todos los puertorriqueños.