La educación comoeje de cambio

Por: Lilliam Maldonado Cordero

Jovencitas y jovencitos expuestos al consumo de drogas y alcohol durante altas horas de la noche y madrugada en presencia de adultos que vienen obligados a proteger su integridad física y mental, y acaban compartiendo una escena trágica, unos como víctimas, otros victimarios o testigos de un crimen violento. Menores viviendo en condiciones precarias entre basura y excremento, en evidente estado de descuido y desnutrición. Un padre endrogado que asesina a puñaladas a su hijito de cinco años alegando que “el diablo” le dijo que lo matara. Una jovencita que alegó estar secuestrada durante años por su familia, mantenida encerrada en un cuarto y a la que, afirmó ella, se le sometió a abusos físicos y psicológicos, negándole alimentos, acceso al uso del servicio sanitario e higiene, y que nunca fue registrada en el sistema de educación. 

Este es solo un puñado de muchas instancias de las que nos enteramos por la prensa que desvelan el fracaso del sistema para monitorear, investigar, conocer, dar seguimiento y proteger a nuestros menores, y no menos importante, prevenir estas situaciones. Es razonable concluir que la culpa no es imputable únicamente al Estado. Los primeros responsables son los familiares y encargados que permiten que estos niños y jóvenes se expongan a condiciones de vida precarias, indignas, inseguras y peligrosas, pues tienen la obligación de velar por su bienestar y cubrir sus necesidades básicas para su desarrollo integral. Pero, ante la indiferencia y hasta las actuaciones negligentes y culposas de los padres y encargados de estos menores, es el Estado el que tiene la obligación de establecer medidas conducentes a protecciones especiales, como acceso a educación, salud, familia, justicia juvenil y, finalmente, su seguridad e integridad. 

Uno de los ángulos más críticos que inciden en perpetuar nuestros males sociales radica en la ineficiencia de proveer una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes. Puerto Rico invierte una cantidad significativamente menor de fondos por cada estudiante del sistema público al compararse con el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos, a pesar de ser la que más fondos federales recibe para ese fin. Concretamente, para el año 2025-2026, el Departamento de Educación invertirá en total $5,205 millones en educación pública, de los cuales $2,150 millones provienen de fondos federales, mientras el remanente, $3,044 millones, son producto del fondo general, es decir, del bolsillo de quienes pagamos impuestos. 

De acuerdo con el Informe de Avances de 2025, la asignación base para que cada estudiante puertorriqueño acceda a educación pública es $2,151, aunque podría ser mayor de aplicarse ajustes necesidades particulares. Esta cifra palidece ante la inversión de otras jurisdicciones, como Utah, que gasta entre $9,977 para estudiantes preescolares y de educación superior, y $43,276 para educación postsecundaria. Entretanto, Idaho reporta entre $9,387 y $18,641, Florida entre $12,415 y $19,293, y Arizona desde $10,000 hasta $21,500. Por su parte, Nueva York gasta anualmente $33,437 por estudiante, Massachusetts $24,359, Connecticut $25,023, y el Distrito de Columbia gastó $31,629.  Otros países del mundo tampoco escatiman al invertir en la educación de sus estudiantes. Luxemburgo invierte entre $25,584 y $29,988 y Corea, fluctúa desde $14,873 a $19,360. 

Mientras el enfoque como país continúe siendo quién se ganó qué premio y si se lo merecía, o cómo se vistió fulana para ir a un evento particular, y no antepongamos la inversión en educación, estaremos perpetuando la precarización, la pobreza, y el maltrato intrafamiliar de una generación a otra.