La verdadera crisis: la confianza pública

Por: Nitza Morán Trinidad

En Puerto Rico hablamos constantemente de crisis: energética, fiscal, de seguridad, social y económica. Sin embargo, hay una que rara vez medimos con precisión y que resulta igual o más peligrosa: la crisis de confianza pública. Urge atender todas las demás, por complejas que sean. De lo contrario, la pérdida progresiva de confianza sigue alimentando una sensación de incertidumbre entre la población y las agencias llamadas a proveer estabilidad gubernamental y soluciones concretas. 

Aunque no existan estadísticas oficiales que la cuantifiquen, la desconfianza se percibe en lo cotidiano. Se refleja cuando un ciudadano presenta una denuncia y no obtiene respuesta oportuna. Cuando un comerciante enfrenta procesos gubernamentales interminables para poder operar su negocio. Cuando jóvenes profesionales deciden emigrar en busca de mejores oportunidades. 

La desconfianza se ha convertido en una experiencia colectiva. La presencia de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA también forma parte de esa percepción. Para muchos, es esa entidad la que toma decisiones fundamentales sobre el rumbo fiscal del país. A esto se suma la realidad de proyectos anunciados que no se completan y promesas que no se traducen en resultados tangibles. 

La percepción ciudadana es la de un sistema desconectado de las necesidades reales de la isla. En el plano federal, la incertidumbre no es menor. Asuntos esenciales como el financiamiento del Medicaid o la posible transición del PAN al SNAP que ampliaría beneficios y acceso en casos de emergencia dependen del Congreso de Estados Unidos. El pueblo observa cómo decisiones cruciales para la isla se toman por personas que no residen aquí, en un contexto político marcado por limitaciones estructurales. Esto alimenta un sentimiento de impotencia institucional. A lo anterior se suman factores como la burocracia lenta, la falta de continuidad administrativa y la escasa comunicación transparente con la ciudadanía. 

Cuando las instituciones no explican, no rinden cuentas o no producen resultados visibles, el vacío lo ocupa el escepticismo. También ocurre lo contrario: cuando se implementa política pública con resultados positivos, sectores opositores intentan desviar la discusión pública hacia controversias que generan incertidumbre. El resultado es un clima permanente de confrontación que desgasta la confianza ciudadana. 

Reconstruir la confianza pública no requiere únicamente nuevas leyes o grandes anuncios. Requiere algo más complejo: consistencia. La credibilidad institucional se construye con acciones repetidas y sostenidas, no con discursos ocasionales. Puerto Rico enfrenta decisiones trascendentales en los próximos años: desarrollo económico, estabilidad energética, retención poblacional, natalidad y transformación social. Pero al final, la infraestructura más importante no es física ni presupuestaria; es la confianza de su gente. Y esa es, hoy por hoy, la crisis que menos medimos y la que más definirá nuestro futuro.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo