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La verdadera prueba

  • Foto del escritor: Editorial Semana
    Editorial Semana
  • 2 jul
  • 2 min de lectura
Por: Nitza Morán Trinidad
Por: Nitza Morán Trinidad

Tras la reciente culminación de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, en la que se aprobó, entre otros asuntos, el presupuesto para el próximo año fiscal, Puerto Rico entra nuevamente en la etapa más importante luego del proceso legislativo: la de cumplir. 


Superados los debates, las negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y las concurrencias sobre enmiendas sometidas, comienza la verdadera prueba para el gobierno: mantener un balance financiero y, al mismo tiempo, cumplir con las promesas programáticas asumidas ante el pueblo.


Cada cierre de sesión deja un saldo de proyectos aprobados y anuncios de logros que marcan la trayectoria legislativa de cada funcionario electo. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el éxito legislativo no se mide únicamente por el volumen de medidas aprobadas, sino por el efecto real que estas tienen en la vida cotidiana de la ciudadanía. 


Los puertorriqueños enfrentan a diario retos que no admiten más demoras. El acceso confiable al agua potable, la estabilidad del sistema eléctrico, la seguridad pública, la educación y el acceso a servicios de salud continúan siendo prioridades que afectan directamente la calidad de vida de nuestra gente. Por eso, la proactividad legislativa y gubernamental debe estar enfocada en atender esas necesidades esenciales. 


El presupuesto aprobado contiene reasignaciones, reducciones y aumentos que deben ser examinados con responsabilidad, porque cada dólar asignado representa una decisión sobre dónde invertir, qué atender primero y qué áreas requieren mayor atención. La rendición de cuentas no puede limitarse a informes presupuestarios ni a balances fiscales. Debe traducirse en resultados visibles, servicios más eficientes y soluciones concretas. De igual forma, cualquier trámite legislativo adicional, ya sea mediante resoluciones conjuntas o cambios de ley con impacto fiscal sustancial, debe manejarse con sentido de urgencia para no retrasar los resultados que la ciudadanía espera. 


También hay que reconocer que Puerto Rico cuenta con recursos extraordinarios para la reconstrucción y el desarrollo, pero muchos de ellos no han podido optimizarse por los requerimientos burocráticos del gobierno federal y por las complejidades administrativas locales. 


Por otro lado, los protagonismos políticos no aportan al fin loable de lograr un presupuesto balanceado y funcional. Lo que corresponde es reconocer la necesidad de colaboración entre las ramas gubernamentales. La coordinación, la planificación y la voluntad de colocar el interés público por encima de las diferencias administrativas e ideológicas son esenciales para alcanzar resultados positivos. La ciudadanía es cada vez más exigente y evalúa a las agencias no por sus anuncios, sino por los resultados que producen en beneficio de la gente. Concluida la sesión legislativa, Puerto Rico necesita pasar de las palabras escritas a la acción. Porque al final del día, del año y del cuatrienio, lo que permanecerá no serán los discursos ni las estadísticas legislativas, sino las decisiones que hicieron de Puerto Rico un mejor lugar para vivir. Esa es la verdadera prueba.


La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo

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