Vacunas, entre la libertad y la responsabilidad
La vacunación infantil parece recobrar protagonismo a raíz de una determinación ejecutiva algunos podrían interpretar desde una perspectiva partidista más que salubrista.
El anuncio del presidente Donald Trump de modificar las recomendaciones federales sobre la vacunación infantil ha provocado un debate que trasciende la Casa Blanca. La discusión no debe reducirse a estar a favor o en contra de las vacunas, sino a cuestionarnos hasta dónde las decisiones políticas deben intervenir en la manera en que se establecen las políticas de prevención de enfermedades.
La ciencia no es perfecta pero ciertamente han salvado vidas. Las recomendaciones médicas cambian cuando nuevas evidencias científicas justifican modificaciones en los mecanismos de prevención o en los protocolos establecidos para proteger la salud. Al mismo tiempo, los padres tienen un papel protagónico y el derecho a conocer los beneficios, riesgos y recomendaciones relacionadas con la vacunación de sus hijos. Su alcance no se limita únicamente a quien recibe una dosis, sino que también contribuye a proteger a las personas más vulnerables y a reducir la propagación de enfermedades dentro de las comunidades evitando epidemias.
Cuando disminuyen los niveles de inmunización, enfermedades que parecían estar controladas pueden volver a representar un riesgo para la salud pública. La orden ejecutiva del 10 de agosto de 2026 ordenó al Departamento de Salud revisar las nuevas recomendaciones sobre determinadas vacunas y el nuevo calendario federal, que establece 11 vacunas como prioridad. Ante este escenario, es momento de que el Gobierno de Puerto Rico comunique con claridad cuál será su política pública, particularmente si existen recomendaciones locales distintas a las establecidas a nivel federal. La comunidad médica y los profesionales de la salud deben contar con información precisa sobre la implementación de cualquier cambio. De igual manera, corresponde orientar adecuadamente a los padres, evitando politizar una conversación que debería desarrollarse principalmente entre las familias y sus profesionales de la salud.
La desinformación que circula a través de las redes sociales y otros medios puede aumentar la confusión. Por eso, la respuesta debe ser educar, orientar y comunicar responsablemente las alternativas, los beneficios y los posibles riesgos. Puerto Rico ya ha enfrentado debates relacionados con la obligatoriedad de determinadas vacunas y el respeto a creencias religiosas. Son discusiones legítimas que requieren balance, pero la salud pública tampoco puede manejarse desde la improvisación.
La libertad de los padres para tomar decisiones informadas merece respeto, pero también existe una responsabilidad colectiva cuando esas decisiones pueden tener consecuencias sobre otras personas. Ahí precisamente está el balance que debemos procurar.
Cuando las decisiones políticas entran al consultorio médico, debemos procurar que la evidencia científica, la orientación profesional y la información confiable continúen ocupando un lugar central. Porque proteger la libertad también implica ejercerla con responsabilidad, especialmente cuando hablamos de la salud de nuestros niños y del bienestar de toda la comunidad.
La autora es senadora por San Juan,
Aguas Buenas y Guaynabo
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