Cinco nombres, un DDEC que es vergüenza nacional
Esta semana el gobierno de Jenniffer González sumó un nombre más a una lista que ya debería avergonzar a cualquier administración seria. El 24 de septiembre, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) autorizó ampliar su investigación criminal para incluir a Roberto Lefranc Fortuño, subsecretario en funciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Los fiscales asignados determinaron que la evidencia recopilada por testimonio de testigos así lo exigía. Lefranc Fortuño sigue firmando decisiones del DDEC mientras se determina su responsabilidad penal.
El expediente no nació esta semana; lleva creciendo desde mayo. Todo comenzó con un RFP federal de hasta $2 millones para una campaña publicitaria sobre códigos de construcción. El entonces secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar, y la jefa de personal Charlene Neuman Rivera fueron destituidos el 18 de mayo por, según el propio DDEC, “presiones indebidas, represalias contra personal denunciante y múltiples intentos de obstrucción” para favorecer a un proponente y alterar las puntuaciones del comité evaluador. La denuncia la hizo el entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien la refirió a Justicia. En junio, el caso pasó al PFEI.
En julio, la pesquisa creció para incluir a dos nombres de mayor peso político: el entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la entonces subsecretaria Itza García. ¿Qué hicieron ambos? Renunciar calladamente —Domenech el 7 de agosto, García el 15— antes de rendir cuentas bajo juramento. Renunciar no es asumir responsabilidad; es escapar del expediente con el sueldo cobrado hasta el último día. El propio PFEI calificó la pesquisa de “sumamente amplia y compleja” al nombrar un tercer fiscal el 8 de septiembre.
Esta semana, la presidenta del panel, Ygrí Rivera, fue clara: “Nunca se cierran a nuevos investigados.” Esto no ha terminado; puede crecer más. El comisionado residente, Pablo José Hernández, admitió el 25 de septiembre que la situación “crea mala imagen” ante el Congreso.
Este es el patrón que la administración repite sin variación: funcionarios de confianza que presionan procesos, denunciantes que terminan destituidos o acuden a Justicia por su cuenta, jefes políticos que renuncian antes de declarar, y una gobernadora que jamás explica cómo llegó tanta gente cuestionada a manejar fondos federales. Es el mismo DDEC que multó a Politank con $80,000 en otro escándalo interno; el mismo departamento que ha visto salir a un secretario, una subsecretaria, un secretario auxiliar y una jefa de personal bajo sospecha, y que ahora tiene a su subsecretario activo bajo pesquisa criminal mientras sigue en su puesto.
Puerto Rico no puede seguir financiando con fondos federales una agencia que funciona como feria de influencias y Lefranc Fortuño no debe tomar decisiones sobre contratos mientras dure la pesquisa. La confianza pública no se recupera con comunicados; se recupera con consecuencias reales.
El autor es representante por Caguas
en la Cámara de Representantes
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