Consejo Estatal Permanente
La protección de los derechos de las mujeres no debe depender de la voluntad de una administración ni de las prioridades del gobierno de turno. Tampoco puede limitarse a una reacción después de un acto de violencia o una tragedia. Debe ser un compromiso institucional permanente, respaldado por ley, con presupuesto suficiente, personal especializado y mecanismos para evaluar la efectividad de los servicios.
El desafío consiste en coordinar esfuerzos, identificar necesidades, prevenir la violencia y promover la igualdad de oportunidades. Por eso, crear por ley un consejo permanente para atender los asuntos de las mujeres aportaría estabilidad a una estructura multisectorial, con responsabilidades definidas e indicadores para medir resultados.
Durante años, estos asuntos se han atendido mediante órdenes ejecutivas dirigidas a fortalecer los servicios de apoyo, establecer mecanismos de protección y promover la prevención. Esos esfuerzos deben extenderse a las administraciones municipales, cuya cercanía con las comunidades facilita la identificación de riesgos y el acceso oportuno a los servicios. Bajo la actual administración se emitió la Orden Ejecutiva 2026-009, cuyo anuncio reunió a cerca de 150 líderes de los sectores público, privado, académico y comunitario. La iniciativa reconoce que una declaración de emergencia, por sí sola, no basta: hace falta una estrategia coordinada y sostenida.
La organización del Consejo en ocho comités de trabajo, que abarcan desde justicia y seguridad hasta innovación y tecnología, permite atender estos asuntos integralmente. Esa estructura debe identificar los programas existentes, detectar vacíos en los servicios y determinar cuáles intervenciones contribuyen a prevenir la violencia y transformar la vida de las víctimas.
La vulnerabilidad de una mujer no se limita a su seguridad física. También puede estar vinculada con su situación económica, su salud y el acceso a una vivienda segura, circunstancias que afectan sus posibilidades de salir de un entorno de violencia. Una respuesta efectiva debe atender esa complejidad.
El reto del Consejo es pasar de la deliberación a la acción. Para trascender las reuniones y recomendaciones, debe contar con metas concretas, plazos de cumplimiento y métricas claras. La administración de turno debe rendir cuentas sobre los avances, los obstáculos y los resultados alcanzados.
La prevención debe ser el primer paso. Es necesario identificar los riesgos a tiempo, fortalecer la educación y desarrollar campañas que lleguen a nuestra ciudadanía. A la vez, debe garantizarse una respuesta gubernamental ágil, con servicios accesibles y personal capacitado para atender a las víctimas con sensibilidad y respeto.
Hace falta legislación que dé permanencia a este esfuerzo, evite interrupciones con cada cambio de gobierno y permita conocer qué funcionó y qué debe corregirse. Crear el Consejo por ley debe ir acompañado de recursos, autoridad para coordinar y una obligación clara de rendir cuentas. Su funcionamiento debe garantizar continuidad en los servicios y una evaluación periódica de las estrategias adoptadas.
Puerto Rico necesita dar continuidad a esta agenda, independientemente de quién ocupe La Fortaleza o dirija las agencias gubernamentales. Los derechos de las mujeres no cambian con los resultados electorales. Su seguridad y su dignidad deben ser una prioridad permanente.
La autora es senadora por San Juan,
Aguas Buenas y Guaynabo
