Entregó a la comunidad dominicana
Jenniffer González suma otra inmundicia al récord nefasto de su administración
Durante año y medio, el gobierno de Jenniffer González se escondió detrás de la frase “cumplimos con la ley federal” para justificar algo que, documento en mano, resultó ser otra cosa: una entrega voluntaria y silenciosa de información confidencial de 6,321 inmigrantes a las autoridades de Donald Trump. Así lo confirmó esta semana la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, tras ganarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) un pleito de casi dos años por acceso a información pública.
Los documentos muestran que el Departamento de Seguridad Nacional pidió al DTOP, el 26 de enero de 2025, los datos de las personas con licencias provisionales bajo la Ley 97 de 2013, con plazo hasta el 7 de febrero. El DTOP no esperó ni tres días: entregó la información el 29 de enero, el mismo día de la primera redada migratoria del segundo gobierno de Trump en la isla. Se filtraron nombres, fechas de nacimiento, direcciones, correos, pasaportes y teléfonos, además de una categoría llamada “EMI” que marca el estatus migratorio indefinido de cada persona.
La ACLU fue clara: la solicitud era un requerimiento administrativo, no una orden judicial. No había obligación legal de entregar nada. Por eso tuvo que demandar, ganar en los tribunales inferiores y esperar a que el Supremo le negara al DTOP el certiorari y dos reconsideraciones más, hasta que la resolución final, notificada el 14 de octubre, obligó a soltar lo que el gobierno escondió por casi dos años.
¿Y la Gobernadora? Defendió lo indefendible. Dijo que el DTOP cumplió con un subpoena federal y que las agencias estatales “deben” obedecer mandatos federales, calificando de “incorrecta” a una organización que ella misma llamó prestigiosa. Cuando le preguntaron si pediría la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, respondió que la pregunta partía de una premisa incorrecta. La directora de la ACLU, Annette Martínez Orabona, llamó al requerimiento federal una “expedición de pesca” y dijo que González Montalvo “demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo”.
El comisionado residente Pablo José Hernández, presidente de mi partido, lo resumió así: “La gobernadora y el secretario de DTOP le mintieron al país y tienen que asumir responsabilidad”. Hernández ya había enviado una carta en junio de 2025, con 28 congresistas, exigiendo respuestas que nunca llegaron. La gobernadora mintió de la forma en que ya nos tiene acostumbrados, tratando de ocultar que traicionó a la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. En la calle repetiremos hasta el cansancio que Jenniffer no merece perdón por esta canallada y por la sarta de mentiras que ha producido en su delirio de que engaña hasta a los suyos.
Este episodio confirma el patrón de esta administración: negar, minimizar, litigar para ocultar y, cuando la verdad sale por orden de los tribunales, defender lo indefendible en vez de rendir cuentas. Ahora tenemos claro que 6,321 familias de inmigrantes en Puerto Rico quedaron expuestas a la persecución del gobierno de Trump sin que mediara juez alguno. El servilismo de la administración de Jenniffer González ante el gobierno abusivo de Donald Trump ha provocado daños a nuestra gente que urge corregir. Al final, el poder de corrección está en el voto y en las manos de nuestra gente.
El autor es representante por Caguas
en la Cámara de Representante
