Nuestro deber con los envejecientes

Por: Jesús Santa Rodríguez

Muchas sociedades del mundo reconocen en sus viejos el cúmulo de sabiduría, experiencia y sacrificios que estos aportaron en la construcción de la sociedad, pues han allanado el camino a una mejor vida para sus descendientes y toda una sociedad. De esto son ejemplo Japón, China, India y otros países que veneran a sus mayores, proyectando un respeto incondicional a sus generaciones más ancianas.

Por el otro lado de la moneda, en las culturas occidentales de las que somos parte, todavía existe mucho camino por recorrer. En Puerto Rico específicamente, observamos con dolor y preocupación el desprecio con el que algunos miembros de la sociedad y el mismo Gobierno atienden las necesidades de este segmento de la población, que es vista como un problema o una carga. Esto es una manifestación que podría responder, entre otras razones, a la sociedad de consumo y desecho en la que vivimos, las presiones cada vez mayores sobre las familias trabajadoras, y problemas psicosociales que permean al interior de las familias y el entorno comunitario.

El asesinato de los matrimonios de envejecientes, uno de Isabela hace unas semanas, y el de Naguabo, entre otros, han causado una gran conmoción en nuestro País. No se trata de que hayan unos asesinatos más conmovedores que otros. Sin embargo, llaman la atención las circunstancias alrededor, por ejemplo, de la crueldad y vileza con la que un joven de 17 años terminó con la vida de la pareja de personas mayores en Naguabo, quienes eran sus vecinos, con el fin de robarles. Encima de esta tragedia, fuimos testigos de la indiferencia y hasta mofa con la que el joven respondió a la prensa por sus actuaciones atroces, lo que demuestra una crisis que trasciende el entendimiento de muchos de nosotros y que va a la raíz de la familia y la sociedad.

El abandono de personas envejecientes en los hospitales también constituye otra manifestación de la crisis que el País enfrenta para ofrecer cuidados dignos a los viejos. Por ello, varias organizaciones propusieron el desarrollo de un protocolo interagencial uniforme que active aquellas agencias con inherencia en el bienestar de las personas de la tercera edad que no cuenten con apoyo familiar, para evitar su abandono en los hospitales y lugares de cuido. Las familias tienen deberes con sus viejos, pero el Gobierno, igualmente, tiene que protegerlos y asegurar su bienestar.

Dejar soslayado el problema social relacionado con el abandono y maltrato a nuestros envejecientes no puede ser opción. Nuestro gobierno ya cuenta con suficientes oficinas y agencias cuyo objetivo es la protección de esta población. Asimismo, el Gobierno también tiene una deuda de agradecimiento con un sinnúmero de organizaciones de base de fe y sin fines de lucro que dedican recursos al cuidado de los envejecientes. Pero, lo que urge del Estado es el estudio, desarrollo, establecimiento de política pública, protocolos y la mensura del desempeño y resultados. No podemos continuar fracasando, como ha sucedido con otras declaraciones de emergencia, que solo se quedan en el papel y no trascienden a convertirse en soluciones.