Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda
Francamente, cuando nos referimos a la ética de la verdad y la honestidad intelectual de los pueblos, con toda probabilidad los ciudadanos esperan más de sus abogados que de ningún otro profesional de nuestro amplio y complejo mundo de profesionales contemporáneos. Ello es así porque se les educa para defender la justicia, la verdad y la dignidad de los seres humanos. Sin embargo, resulta sorprendente la cantidad de letrados que apelan a las medias verdades, al miedo anquilosado, a la tergiversación de los hechos y a la demagogia en aras de defender sus particulares puntos de vista o intereses personales.
Recientemente, el letrado ‘estadolibrista’, José A. Hernández Mayoral, a quien le reconocemos sus capacidades intelectuales, publicó una columna (El Nuevo Dia, 27 noviembre 2023) defendiendo la “legitimidad” del ELA Colonial en ocasión de los 70 años de la Resolución 748 (V111) de las Naciones Unidas (ONU).
Sostiene el distinguido Hernández Mayoral en su susodicha columna que, como resultado de la Resolución 748, los puertorriqueños habíamos ejercido la libre determinación al acordar con Estados Unidos un pacto bilateral que reconocía la condición de gobierno autónomo. Como tal, el pacto no podía ser disuelto unilateralmente sin el consentimiento mutuo. Recuérdese que tal resolución surgió a raíz del informe que había sometido EEUU a la ONU tras las elecciones de 1952 en que se aprobó el ELA Colonial. En dicho informe, EEUU alegó que los puertorriqueños habían superado su condición colonial al aceptar un “pacto bilateral” de gobierno propio. A partir de entonces, la ONU relevó a EEUU del requisito de rendir informes anuales conducentes a la descolonización de Puerto Rico. Pero nada más lejos de la verdad histórica.
Los primeros en denunciar tamaña tomadura de pelo de parte del concubinato entre Estados Unidos y las Naciones Unidas fueron los próceres independentistas, Gilberto Concepción de Gracia y Pedro Albizu Campos. Ambos nos advirtieron que el ELA Colonial fue una burda movida engañosa dado que el Congreso de Estados Unidos retenía el control absoluto sobre el pueblo de Puerto Rico. Ello explica el asalto al Capitolio estadounidense en 1954 cuando Lolita Lebrón, Irvin Flores, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda irrumpieron en el Congreso para denunciar ante la opinión mundial la condición colonial de Puerto Rico.
Posteriormente, en 1991, su propio padre, el ex gobernador Rafael Hernández Colón, tuvo que aceptar, ante la pregunta del Senador Bennett Johnston, que la soberanía de Puerto Rico radicaba efectivamente en el Congreso de EEUU ante la eventualidad de un ELA mejorado. Francamente, nunca antes habíamos visto a un gobernante puertorriqueño ser sometido a tamaña humillación ante la opinión internacional.
La historia le ha dado la razón al independentismo puertorriqueño cuando se nos impuso recientemente la Ley Sánchez-Valle y Ley Promesa con su Junta de Control Fiscal convertida en el gobierno omnipotente del País.
Ya lo habíamos dicho anteriormente, el colonialismo es un acto de lesa humanidad, pero querer seguir siéndolo, es un acto de humillación y auto flagelación.