Urgenciade permisos.

Por: Nitza Morán Trinidad

Desde la década de 1960, Puerto Rico ha enfrentado serios retos con su sistema de permisos. A pesar de múltiples intentos de reforma y la implementación de nuevas alternativas desde los años 2000, la transformación de la permisología continúa siendo una necesidad urgente, particularmente para el sector empresarial. 

Es ampliamente reconocido que se trata de un proceso lento, complejo y altamente burocrático, considerado entre los más ineficientes en comparación con otras jurisdicciones. Desde pequeños comerciantes que esperan meses para abrir sus negocios, hasta grandes proyectos de infraestructura que se detienen por trámites interminables, el impacto es evidente. La reforma del sistema de permisos no es un lujo; es una herramienta esencial para estabilizar las finanzas y promover un desarrollo económico sostenible. Su relevancia va más allá de cumplir promesas de campaña.

Hoy, el tema ha resurgido en el debate público, donde el liderato político discute propuestas que, en ocasiones, parecen responder más a protagonismos que a soluciones integradas. La presentación de proyectos de ley por separado refleja que existe voluntad para atender el problema, pero también evidencia la falta de coordinación entre las ramas de gobierno en un momento clave. Esta reforma no debe verse únicamente como un asunto técnico, sino como una estrategia fundamental para el crecimiento económico de la isla. No obstante, el análisis debe realizarse con rigor. 

Agilizar procesos no puede significar sacrificar la planificación responsable ni la protección ambiental. Es necesario encontrar un balance entre eficiencia y cumplimiento. Las diferencias entre las propuestas legislativas ya reflejan enfoques distintos: una apuesta por la creación de un nuevo código de permisos, con mayor integración tecnológica y coordinación interagencial; la otra, por la descentralización del proceso y la simplificación del permiso único mediante plazos más estrictos para evitar retrasos prolongados. 

Más allá de estas diferencias, el objetivo común debe ser lograr un sistema más ágil, ordenado y efectivo. La ciudadanía espera un proceso serio, transparente y libre de confrontaciones innecesarias.

 Puerto Rico enfrenta retos urgentes en reconstrucción, vivienda asequible, infraestructura, creación de empleos y estabilidad social, muchos de los cuales se ven afectados directamente por la lentitud en los permisos. La oportunidad de transformación aún está sobre la mesa. Corresponde ahora al liderato demostrar voluntad real para convertir la política pública en acción. Porque al final, quien debe beneficiarse de una reforma efectiva es el pueblo.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo