Ataque Frontal Contra La Justicia Salarial II

Por: Prof. Luis Dómenech Sepúlveda

Por Lcdo. Raúl Tirado, hijo, Presidente Comité PIP Caguas

En la pasada columna llegamos hasta 1998, cuando Rosselló González suprimió la Junta de Salario Mínimo y cómo los gobiernos posteriores de rojos y azules se desentendieron del asunto. Sin embargo, en 2021, con sus luces y sus sombras, el legislador Héctor Ferrer Santiago propuso lo que es la Ley 47-2021, que creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo compuesta por el Secretario del Trabajo, dos representantes de los trabajadores, dos de los patronos y un representante académico o del Instituto de Revisión del Trabajo, facultándola a llevarlo escalonadamente hasta $10.50 la hora. Es necesario destacar que su Exposición de Motivos lee que:

“…la decisión sobre cuál será el salario mínimo debe tomarse basado en elementos objetivos medibles, con el consejo de profesionales del campo de la economía, con la participación de todos los sectores, pero sin la intervención del aparato político…”.  

Asimismo, que “el principal objetivo de política pública para adoptar un mínimo salarial es”:

“…que nadie que trabaje esté bajo el nivel de pobreza y que todo trabajador y trabajadora tenga suficiente ingreso como para cubrir sus necesidades básicas…”.  

Sin embargo, en marzo de 2026, el sector patronal retomó su ofensiva contra la Ley aduciendo que: 1) les impone una carga sustancial a sus operaciones, lo que genera una merma en el empleo; 2. el mercado laboral, no el gobierno, es el que debe fijar el salario mínimo de los trabajadores; y 3) la Comisión no es representativa de todos los actores del drama económico. Por ello, debe ser la Legislatura la que fije el salario mínimo. Ese es el mismo sector que organizó el PAC “Democracia es Prosperidad” y respaldó a los candidatos del bipartidismo. 

Precisamente varios legisladores del PNP, liderados por Roberto López Román, Representante del Distrito 31, y presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales del Cuerpo, presentaron el PC-1115, haciéndose eco de sus patrocinadores. Curiosamente, proponen mantener la Comisión, pero como un ente asesor de la Legislatura. Además, proponen incorporar como miembros, además del Secretario del Trabajo, al de Hacienda y los presidentes de Cámara y Senado. También ocho miembros nombrados por el gobernador, de los cuáles cinco serían catedráticos de asuntos laborales y tres representantes de los sectores sindicales, comercial-patronal y cooperativista. Es decir, el gobierno de turno dominará las discusiones al seno de la Comisión, lo que impedirá que se le de curso a cualquier aumento. 

David Card, Premio Nobel de Economía, demostró que las leyes de salario mínimo no necesariamente causan una merma en el empleo sino, que disminuyen la disparidad salarial al evitar que sean las fuerzas del mercado la que lo fijen. Pero más importante, que benefician principalmente a aquellas familias de bajos ingresos. Es decir, que promueve la movilidad social. 

Por eso, el 11 de junio, a las 4 p.m., al Capitolio a exigirle a los legisladores que no nos quiten el salario mínimo.