Cuestionada Jenniffer por su Secretaria de la Vivienda

Por: José “Conny” Varela

La administración de Jenniffer González Colón enfrenta hoy una prueba decisiva en materia de transparencia y credibilidad pública. Las imputaciones que rodean a la secretaria del Departamento de la Vivienda por su alegado rol en la administración de un centro de inspección de vehículos de motor en Yabucoa no son un asunto menor ni un simple ruido mediático. Se trata, más bien, de un síntoma preocupante de cómo se manejan los asuntos públicos y de cuán frágil puede ser la confianza ciudadana cuando quienes ostentan poder parecen olvidar que la integridad es un deber, no una opción.

Lo más alarmante no es únicamente la imputación en sí, sino la respuesta de la administración. En lugar de actuar con la contundencia y claridad que exige un país cansado de escándalos, la reacción ha sido tibia, defensiva y, en ocasiones, evasiva. La falta de explicaciones detalladas, la ausencia de medidas inmediatas y la renuencia a asumir responsabilidad política proyectan una imagen de improvisación y opacidad que el país no puede permitirse.

Puerto Rico conoce demasiado bien las consecuencias de mirar hacia otro lado. La memoria colectiva aún carga con los episodios de corrupción gubernamental que marcaron la década de los noventa, cuando varios secretarios y altos funcionarios terminaron enfrentando procesos criminales por utilizar sus cargos para beneficio propio o de allegados. Aquellos años dejaron cicatrices profundas en la confianza pública y en la estabilidad institucional. No es exagerado decir que todavía pagamos el precio de esa descomposición.

Por eso, cada vez que surge un señalamiento serio contra un funcionario de alto rango, el país se estremece. No porque quiera escándalos, sino porque teme repetir la historia. Y cuando la administración de turno responde con medias tintas, ese temor se convierte en indignación.

La gobernanza moderna exige algo más que comunicados cuidadosamente redactados o expresiones genéricas de apoyo. Exige acción. Exige investigaciones independientes, separación inmediata de funciones cuando hay dudas razonables, y un compromiso inequívoco con la transparencia. Exige, sobre todo, entender que la confianza pública es un recurso limitado y que, una vez perdido, no se recupera fácilmente.

La administración de Jenniffer González Colón tiene ante sí la oportunidad —y la obligación— de demostrar que aprendió de los errores del pasado. Minimizar el asunto o tratarlo como un ataque político sería un grave error. El país no quiere volver a los noventa. No quiere repetir capítulos oscuros. Quiere instituciones limpias, funcionarios íntegros y un gobierno que actúe con la seriedad que merece el pueblo al que sirve.

La pregunta es si esta administración está dispuesta a asumir esa responsabilidad.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes