Futurode Medicaid

Por: Nitza Morán Trinidad

El financiamiento de Medicaid vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Puerto Rico depende en gran medida de asignaciones especiales aprobadas por el Congreso de Estados Unidos para sostener su sistema de salud. A diferencia de los estados, la isla opera bajo un modelo de topes y extensiones temporeras, lo que convierte cada negociación en Washington en un ejercicio crucial. Sin salud no hay estabilidad comunitaria. No se trata de un debate abstracto sobre política pública. Se trata de contar con los recursos necesarios para atender pacientes, sostener hospitales y respaldar a los profesionales de la salud, quienes ya enfrentan enormes retos estructurales.

Medicaid en Puerto Rico cubre a una porción significativa de la población, particularmente a personas de bajos ingresos. Una reducción en los fondos federales tendría un efecto dominó inmediato. Nuestro sistema de salud atiende a comunidades vulnerables que verían limitada su capacidad de recibir servicios. Miles de familias podrían experimentar retrasos en tratamientos o dificultades para acceder a especialistas.

En términos prácticos, cualquier limitación de financiamiento impacta directamente la vida humana. La conversación ha cobrado mayor relevancia ante el contexto fiscal actual, incluyendo la reforma contributiva, los reintegros incentivados y la planificación presupuestaria. Una disminución o ausencia de fondos federales comprometería no solo la política pública, sino también la estabilidad salubrista de nuestra población. Si el financiamiento se reduce o no se renueva a tiempo, el gobierno se enfrentaría a decisiones difíciles: eliminar servicios, reasignar fondos de áreas igualmente críticas o buscar nuevas fuentes de ingreso en un escenario fiscal ya limitado. En un territorio que aún enfrenta restricciones económicas, estas alternativas no son sencillas. Por eso, los esfuerzos de diálogo en todos los niveles, gobierno central, legislatura, organizaciones y representación en el Congreso, resultan indispensables. 

Diseñar política pública en un entorno financiero estable es la única manera de garantizar acceso continuo a servicios esenciales. La salud pública no puede estar sujeta a vaivenes políticos ni a desigualdades estructurales que colocan a los residentes de Puerto Rico en una posición distinta frente a otros ciudadanos estadounidenses. Lo que se requiere es una estrategia integral que combine responsabilidad fiscal local, reformas internas y una planificación que reduzca la incertidumbre.

El futuro de Medicaid en la isla no es un asunto meramente contable. Es un tema de dignidad, acceso y justicia social. Cada decisión sobre su financiamiento definirá la calidad de vida de miles de personas. Aún estamos a tiempo de asegurar su estabilidad. Se requiere voluntad, coordinación y sentido de urgencia. La salud de nuestra gente no puede esperar.

La autora es senadora por San Juan,

Aguas Buenas y Guaynabo