Por: Jesús Santa Rodríguez
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) creada por la Ley 1 de 2023 por la Cámara de Representantes actual, tiene como propósito investigar, analizar y fiscalizar el presupuesto del país, proveyendo un estudio objetivo del efecto económico de las medidas ante la consideración de la Asamblea Legislativa. Esta oficina está compuesta por analistas, economistas, contadores públicos autorizados y abogados que preparan estimados de costos e ingresos mediante el análisis de las propuestas presupuestarias y del gasto público.
La OPAL es un ente consultivo. No participa de procesos deliberativos o decisivos sobre las medidas que tienen impacto fiscal. Previo a su existencia, no había una oficina que analizara asuntos fiscales de forma externa a los procesos legislativos sobre propuestas presupuestarias de las finanzas públicas, ni que fiscalizara el impacto de los gastos de la administración y las operaciones del gobierno.
En un reciente informe de la OPAL se confirmó el efecto que ha tenido el éxodo de puertorriqueños durante los pasados quince años. Se corroboró que esto no solo resultó en una reducción de los ingresos destinados a las arcas públicas. Dentro del análisis concreto sobre el costo multimillonario de esta emigración, destaca la baja en el número de profesionales de todo tipo, especialmente de médicos y otros trabajadores con mayor preparación, y su relación con el deterioro de la calidad de vida de nuestro componente social.
El impacto que esta reducción en la población -desde 2008- es una merma en los ingresos que asciende a $1,158.5 millones. Este hallazgo es poco halagador, por no decir devastador para el país. El panorama es todavía más incierto, pues de acuerdo con el pronóstico de la OPAL, se estima que la migración neta busque el equilibrio dentro de la tendencia actual, o sea, que nuestra población no aumente durante los próximos años.
Frente a esta radiografía del país en el que hoy vivimos, los puertorriqueños enfrentamos una gran incertidumbre por el manejo deficiente de la educación pública, la seguridad y la salud. Estos servicios, que en el pasado eran óptimos y ejemplo de dinamismo para todo el hemisferio, han decaído a niveles que preocupan, desalentando la permanencia de nuestra gente en la isla, que optarán por buscar mejores condiciones de vida para sí y sus familias en otras jurisdicciones.
La Cámara de Representantes ha propuesto medidas para darle un alivio económico a su clase trabajadora y legislación para reducir el costo de vida de la gente. Sin embargo, toca al gobierno central dejar a un lado la indiferencia y exigir a sus funcionarios un nivel óptimo de cumplimiento en sus deberes ministeriales para que, por fin, veamos resultados medibles en la reducción de la violencia, el narcotráfico, las condiciones deplorables de las escuelas, así como lograr el mejoramiento en el desempeño académico de los estudiantes, los servicios médicos y de salud. Solo de esta manera podremos ofrecer, como país, los recursos para retener a los puertorriqueños que todavía habitamos aquí, así como atraer aquellos que migraron en busca de mayor seguridad profesional y mejor calidad de vida.