El fiasco de la interpelación.

Por: José “Conny” Varela

La interpelación convocada por el Senado de Puerto Rico, más específicamente por su presidente, Thomas Rivera Schatz, contra el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, terminó convertida en un espectáculo de siete horas que, lejos de aportar claridad o fortalecer la fiscalización, evidenció un profundo desgaste institucional. Para muchos, fue un ejercicio fútil: un evento de mucho ruido y pocas nueces que dejó al descubierto más las carencias de quienes lo promovieron que las supuestas faltas del funcionario interpelado.

El protagonismo de Thomas Rivera Schatz, figura central en la jornada, resultó particularmente revelador. Su intervención, marcada por insinuaciones, recriminaciones vagas y una evidente falta de preparación, proyectó la imagen de un líder político que ha comenzado a desgastarse. No logró presentar evidencia contundente de delitos ni de violaciones éticas; se limitó a expresar su desconfianza hacia Domenech y a reiterar que no lo considera una persona honesta ni ética. Pero una interpelación no es un espacio para insultar ni para ventilar animosidades políticas. Es un mecanismo serio de fiscalización que exige rigor, datos y responsabilidad. Nada de eso estuvo presente.

El resultado fue un choque desigual: Rivera Schatz llegó sin la documentación necesaria, sin un caso articulado y sin la solidez argumentativa que un proceso de esta naturaleza requiere. Domenech, por su parte, salió ileso no porque haya disipado todas las dudas sobre su gestión, sino porque su principal inquisidor no logró sostener el peso de sus propias acusaciones. La escena, más que un acto de supervisión legislativa fue un intento fallido de espectáculo político. Luego de verlo resultó fácil visualizar por qué a Rivera Schatz han comenzado a llamarle Tilapia y ya no más Tiburón. 

Pero lo más preocupante no es la actuación individual de un senador, sino lo que este episodio revela sobre la administración de la gobernadora Jenniffer González. La interpelación dejó al descubierto su falta de seriedad alarmante en la selección y supervisión de los funcionarios a quienes les delegó el poder público. Obligar al país a tolerar, día tras día, una gestión marcada por controversias, hostilidad y señalamientos éticos no es solo un error político: es una falta de respeto al pueblo y un fraude del cual somos víctimas todos.

En la administración de Jenniffer González nada funciona, porque nada responde al al interés público. Las gestiones de esta administración están marcadas por la improvisación y el canibalismo político. Lo ocurrido en el Senado fue un recordatorio doloroso de que, en esta administración, la política del espectáculo desplazó a la política del servicio. Y el país, una vez más, paga el precio.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes