El indulto de Wanda Vázquez

Por: José “Conny” Varela

La noticia del indulto presidencial concedido a la exgobernadora Wanda Vázquez ha caído como un balde de agua fría sobre un país que ya carga con un profundo cansancio moral. Para muchos sectores, este acto no solo revive heridas recientes, sino que envía un mensaje devastador sobre la relación entre poder, corrupción e impunidad. Desde la óptica pública, el indulto proyecta la idea de que las consecuencias legales pueden evaporarse cuando se cuenta con conexiones políticas o con aliados capaces de interceder en los más altos niveles del gobierno federal. Ese mensaje, en un país que lucha por reconstruir la confianza en sus instituciones, es particularmente corrosivo.

El impacto simbólico del indulto trasciende el caso individual. En la conversación pública, se interpreta como una validación de la noción de que se puede defraudar al Pueblo y, aun así, escapar de las consecuencias si se pertenece a ciertos círculos de poder. Esa percepción, justa o injusta, alimenta el cinismo ciudadano y debilita la fe en el sistema democrático. La corrupción no solo se combate con leyes; se combate con señales claras de que nadie está por encima de ellas. Cuando esas señales se distorsionan, el daño es profundo.

Este episodio también se inserta en un historial político que muchos puertorriqueños consideran doloroso. El Partido Nuevo Progresista ya cargaba con el peso histórico de haber llevado al país al primer gobernador obligado a renunciar en medio de un escándalo ético y político. Ahora, la controversia en torno a la exgobernadora añade otra capa a esa narrativa, reforzando la percepción de un patrón institucional que normaliza la conducta indebida en las más altas esferas del poder. Para un pueblo que ha exigido transparencia, responsabilidad y respeto, este nuevo capítulo se siente como una traición adicional.

Más allá de las implicaciones partidistas, el indulto plantea preguntas urgentes sobre el futuro de la gobernanza en Puerto Rico. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando las instituciones parecen incapaces de sostener consecuencias consistentes? ¿Cómo se convence a la ciudadanía de que la ley se aplica por igual cuando episodios como este sugieren lo contrario? La indignación pública no surge solo del acto del indulto, sino del mensaje que muchos interpretan detrás de él: que la justicia puede ser negociada.

Puerto Rico merece algo distinto. Merece instituciones que inspiren respeto, líderes que honren la confianza depositada en ellos y un sistema que no permita que el poder se convierta en escudo. La indignación que hoy se siente no es solo política; es profundamente cívica. Y es precisamente esa indignación la que debe convertirse en motor para exigir un país donde la impunidad no sea opción y donde la integridad vuelva a ser norma, no excepción.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes