El pillaje que Fortaleza no puede esconder

Por: José “Conny” Varela

Puerto Rico está viendo y sufriendo uno de los episodios más bochornosos de mal gobierno en la historia reciente de nuestro gobierno. Un contrato de $5.9 mil millones, a diez años, para instalar apenas 400 megavatios de generación temporera con la empresa Power Expectations, se cayó a pedazos cuando se supo que en la transacción hubo falsas representaciones y grave menosprecio por proteger el interés público. Hablamos de una posible falsificación de documentos en un proceso de contratación pública multimillonario, pagado con el dinero y la factura de luz de cada familia puertorriqueña.

Lo más indignante no es solo el fraude alegado, sino la actitud de la Gobernadora Jenniffer González ante el escándalo. Cuando estalló la noticia, su primera reacción no fue exigir responsabilidades inmediatas, sino declarar que había sido “dejada al margen” de las negociaciones. Nos pide creer que un contrato de casi seis mil millones, negociado entre la AEE, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Oficina Independiente de Adquisiciones, avanzó por meses sin que ella supiera lo que ocurría en su propia administración. Esa versión no resiste el menor escrutinio. O hubo negligencia grave en la supervisión de sus agencias, o hubo intención corrupta de gente con poder decisorio en la plana alta del gobierno de Jenniffer González. 

Los hechos son elocuentes. El contrato se ejecutó el 10 de junio, y sesenta y seis días después no había avance significativo alguno. El consorcio nunca depositó los $1.18 mil millones de garantía exigidos. Enchanted Rock se desvinculó apenas dos días después de la aprobación condicional de la Junta de Supervisión Fiscal, y aun así el gobierno dejó que el proceso siguiera como si nada. Todo esto en medio de una supuesta emergencia energética que, según la propia administración, no admitía demoras. Una de las preguntas que le debe contestar este gobierno al país es simple: ¿quién en Fortaleza sabía, y cuándo lo supo?

En lugar de asumir su responsabilidad como jefa del Poder Ejecutivo, la Gobernadora optó por la estrategia de siempre en esta administración: buscar a quién echarle la culpa. Primero fue la Junta de Supervisión Fiscal, a la que calificó de “irresponsable” por revocar su propia aprobación condicional. Ahora anuncia reuniones para “obtener información”, como si no llevara meses gobernando la agencia que negoció este desastre. Es el mismo libreto de encubrimiento y manipulación de la opinión pública que hemos visto una y otra vez en esta administración: minimizar, distraer, y esperar a que el escándalo pase de moda mientras los verdaderos responsables quedan protegidos.

El pueblo exige explicaciones. Exigimos que se identifique a cada funcionario que participó en este proceso viciado, y que se refiera el caso a la Justicia sin dilación. Claro está, con la esperanza que el Departamento de Justicia decida salir de la política de encubrimiento en la que se ha ubicado durante toda esta administración. Seguiré exigiendo, desde la Cámara de Representantes, una investigación legislativa a fondo que no se detenga ante presiones de Fortaleza. Los $5.9 mil millones que casi se comprometieron son del pueblo, y el pueblo tiene derecho a saber quiénes intentaron, una vez más, aprovecharse de su necesidad.

El autor es representante por Caguas

en la Cámara de Representantes